Marco asegura que se trata "de cumplir la ley" con la cruz de Ribalta para evitar "la prevaricación"

CASTELLÓ. La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, asegura que, en relación a la Cruz de los Caídos de Ribalta, se trata de "cumplir la ley" para evitar "la prevaricación". La primera munícipe se expresa en estos términos unos días después de decretar la jueza del Contencioso-Administrativo número 2  de la capital de la Plana la suspensión del derribo al estimar la medida cautelar solicitada por la Asociación de Abogados Cristianos. "Mi postura es de total transparencia y cobertura legal. Si ha habido una paralización, respeto total y absoluto a la justicia", añade.

Las declaraciones, realizadas durante la presentación de la IV edición de Escala a Castelló, evidencia que el Ayuntamiento pretende ir con mucho tiento en este tema, a pesar de que tiene un acuerdo con el Obispado para que se haga cargo del monumento y de que los informes de la Conselleria de Calidad Democrática avalan su eliminación al tratarse de un vestigio del franquismo.

El lío de las apelaciones y recursos

Lo que parece evidente es que, al igual que ocurriera con el primer expediente, la judicialización del procedimiento amenaza con alargar en el tiempo el litigio que protagonizan el Acord de Fadrell y Abogados Cristianos. Más allá de que el equipo de gobierno esté preparando alegaciones ante la decisión de la magistrada, resulta inevitable que el conflicto va camino de dirimirse en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Las apelaciones y los recursos auguran una ralentización, que incluso pueden tener consecuencias penales si el colectivo persiste en su intención de explorar esta vía.

Al menos, así lo viene manifestando la presidenta, Polonia Castellanos, quien advirtió en mayo que "abriremos un proceso penal [querella] contra la alcaldesa, Amparo Marco, por prevaricación" tras trascender que el Ayuntamiento reactivaba el derribo de la cruz con un nuevo expediente. Aunque el auto de la jueza deja en suspenso el decreto de retirada firmado por la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, el 26 de julio, la tramitación administrativa continúa adelante con la resolución de las alegaciones.

En este sentido, de los 226 escritos presentados, 115 son a favor y el resto en contra. En el primer caso, aparecen entidades como el Grup de la Recerca de la Memòria Histórica. En el segundo, al margen de Abogados Cristianos, destacan la Plataforma en Defensa de la Cruz de Ribalta y el PP y Vox como fuerzas políticas. Todos comparten la tesis de que el lábaro "no se toca".

Primer intento en 2019

El primer expediente para eliminar la cruz, iniciado en el anterior mandado, se paralizó en marzo de 2019. Tras presentar Abogados Cristianos un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, la magistrada decretó la paralización, bloqueando además una supuesta partida de 80.000 euros incluida en el presupuesto municipal y destinada al derribo.

Si bien el Ayuntamiento logró que el TSJCV le diera la razón, la dilatación del plazo obligó a modificar por completo la hoja de ruta diseñada por el equipo de gobierno, convencido de resolver el asunto antes de alcanzar el ecuador de la presente legislatura. Sin embargo, todo hace indicar que el tiempo volverá a jugar en contra del Fadrell.