Marco, Bataller y Fabra declararán ante la comisión que investiga la sala de la Policía Local de Castelló

CASTELLÓ. La actual alcaldesa de Castelló, la socialista Amparo Marco, y los ex primeros munícipes populares Alfonso Bataller y Alberto Fabra tendrán que declarar ante la comisión que investiga la sala de Emergencias y Seguridad (Policía Local) por presuntas irregularidades en el suministro y equipamiento durante el periodo 2011-2019. Así lo acordaron los seis partidos municipales que integran el órgano fiscalizador en la reunión celebrada este viernes, tras más de tres meses de inactividad por culpa del hackeo, y en la que se puso de manifiesto el cada vez más marcado cariz político de la auditoria interna.

De hecho, el presidente, Vicent Vidal (Cs); el portavoz del PP, Vicent Sales; y la delegación del PSPV, integrada por Omar Braina, Jorge Ribes y Mary Carmen Ribera, se enzarzaron a raíz de la solicitud presentada por la principal fuerza de la derecha a propósito de sus testigos. Tras leer el amplio listado de 22 nombres, entre los que aparecen también los citados Braina y Ribes, así como el edil David Donate y el presidente de PortCastelló, Rafa Simó, la presidencia saltó en defensa de Marco y consideró que su comparecencia "está fuera de lugar. Por un criterio de forma, creo que no debería testificar, porque además delega las competencias", aseveró. 

La observación del regidor liberal, que luego elevó como propuesta, encendió los ánimos de los munícipes populares, quienes recordaron que en las comisiones por la Gürtel y Fiestas ya se solicitaron las comparecencias de exalcaldes, quienes testificaron sin problemas. En plena efervescencia dialítica, el secretario deslizó la posibilidad de citar, asimismo, a los reseñados Bataller y Fabra, sugerencia a la que se sumó de inmediato el grupo socialista.

Los intereses partidistas

A pesar de que Sales y su compañero Sergio Toledo subrayaron que los contratos bajo sospecha corresponden a una etapa posterior (desde 2016), el PSPV insistió en incluir los dos nombres en su relación de citados. Cabe advertir que ya la había presentado en la comisión justo antes de la interrupción por el ciberataque sufrido el 30 de marzo. Ribes resumió la motivación de su formación para seguir adelante con su petición: "Es evidente que esto tiene una perspectiva política". Francesc Mezquita (Compromís) no compartió el criterio de populares y socialistas. Así, reflexión en voz alta: "¿Qué pueden aportar la alcaldesa y anteriores alcaldes? No lo veo, sinceramente". Vidal le replicó advirtiendo que "se trata de encontrar la realidad material".

Tanto Marco como sus antecesores en el cargo podrán comparecer en persona o responder a las preguntas por escrito. Cada uno elegirá la fórmula más conveniente para sus intereses, como así se concretó entre los presentes. Eso sí, se dejó encima de la mesa el orden de las convocatorias, ya que primero habrá que distinguir entre aquellas que obedecen exclusivamente a la prueba pericial y las que incumben a la documental.

Otra cuestión que se decidió tiene que ver con la inspección que se realizará a la sala de Emergencias. El peritaje, para determinar su valor económico, se realizará en breve. Además de un funcionario de la casa y un responsable policial, el comisionado estará compuesto por el propio presidente y un perito externo contratado ex profeso. Este, asimismo, comparecerá ante el órgano fiscalizador a fin de explicar las conclusiones de su informe, lo que servirá para arrojar algo más de luz sobre la verdadera inversión en el denominado técnicamente Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (CIMSE).