Nuevo 'blindaje' al Aeroclub: el TSJCV anula el procedimiento de 2010 para desalojar los terrenos

CASTELLÓ. Nuevo blindaje al Aeroclub de Castellón para seguir con su actividad en los actuales terrenos del Pinar. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) le da la razón n el Contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de la capital de la Plana. La sentencia anula el procedimiento administrativo de desahucio iniciado en 2010 y que derivó en un litigio judicial en 2013, aunque en estos 10 años el expediente de desalojo nunca llegó a ejecutarse por las medidas cautelares.

Si bien la continuidad de la asociación está garantizada desde la aprobación del Plan General a finales de 2022, ya que considera el suelo como dotación público -deportivo (cierra la puerta a cualquier actuación urbanístico), el fallo mejora la posición legal del colectivo. La defensa del Aeroclub en este proceso judicial la ha asumido el despacho Hispajuris Castellón Abogados a través de su socio, David Lahiguera Arenillas.

El Waterfront y la Ciudad de las Lenguas

Hay que retroceder 24 años para encontrar el origen del conflicto. Con José Luis Gimeno (PP) como alcalde, el Ayuntamiento anunció en 1999 la recuperación de los terrenos del aeródromo (425.000 metros cuadrados) para desarrollar el megaproyecto bautizado como Waterfront. Según publicó Levante de Castelló, la propuesta de magnitudes mastodónticas consistía en un complejo de ocio de temática africana, con invernaderos navegables, auditorio, restaurante flotante, balnearios, reptilario y piscinas para practicar windsurf. Su presupuesto ascendía a los 102 millones de euros.

Ante la imposibilidad de realizar ese megaproyecto, el munícipe popular reorientó la inversión para presentar en 2005 la denominada Ciudad de las Lenguas, otra obra faraónica que perseguía convertir Castelló en la capital mundial de la enseñanza. Esta idea, más factible que la anterior, precipitó que en 2010 el equipo de gobierno incoara el mentado procedimiento administrativo con el objetivo de expulsar al Aeroclub, que gestionaba las pistas del Pinar desde 1958 fruto de la cesión de los terrenos por parte del Ministerio del Aire. En aquel momento, unos informes técnicos consideraron que cualquier cesión de un suelo público no podía realizarse "a perpetuidad" y que los plazos máximos de ocupación no debían exceder de los 30 años.

La apertura del expediente obtuvo varias respuestas desde la asociación en forma de alegaciones hasta que en 2013, ante las desestimaciones de la Junta de Gobierno Local, decidió formalizar el correspondiente recurso ante el juzgado número 1 de lo Contencioso-administrativo de Castelló. En noviembre de 2019, el juez falló a favor del Ayuntamiento, por lo que la asociación elevó un recurso de apelación en el TSJCV. La resolución firme se acaba de conocer ahora después de que el propio consistorio haya descartado la posibilidad de presentar un escrito de casación en el Tribunal Supremo.

La voluntad del Ayuntamiento de negociar el convenio

Fuentes municipales aseguran a este diario que la decisión de no seguir adelante con el proceso judicial obedece al deseo de la alcaldesa, Begoña Carrasco, de consensuar con el Aeroclub una solución mediante un convenio de explotación. Sin ir más lejos, y en la línea de su predecesora en el cargo, Amparo Marco, la popular ya avanzó en (pre)campaña la voluntad de sentarse a negociar con el colectivo. Una intención que siempre ha estado presente desde 2015, ya que hasta en dos ocasiones durante los últimos años se suspendió el Contencioso-administrativo en busca de alcanzar un acuerdo.  

El TSJCV anula el expediente para desahuciar al Aeroclub por "caducidad del procedimiento administrativo" que gestionó el Ayuntamiento al haberse enquistado en el tiempo (más de 12 años). Por esa prescripción, no entra a valorar el resto de alegaciones, como la omisión de los informes vinculantes de los Ministerios de Defensa y Fomento o la ausencia de un interés público superior y prevalente al desarrollado por el Aeroclub.