CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló está a la espera de conocer las conclusiones de un informe económico sobre el Aeroclub para regularizar su situación y firmar el convenio de explotación. La idea de dotar de base jurídica al acuerdo de cesión pretende no solo blindar la instalación, sino también garantizar su continuidad como un revulsivo turístico. Así lo recalca la alcaldesa, Amparo Marco, quien admite que la entrada en vigor del Plan General (PG) despeja el camino a fin de encontrar una solución.
"Estamos con las valoraciones del aprovechamiento para saber el canon y la duración del contrato. El estudio se está haciendo incluso a partir de una propuesta". En este sentido, "debe determinar si es acorde con la realidad o si está infravalorada o sobrevalorada", agrega en referencia a esa propuesta.
Marco no se marca plazos respecto a la resolución definitiva para avalar la cobertura legal. No obstante, la pretensión pasa por consensuar el citado convenio en los meses que quedan para concluir el actual mandato, esto es, antes del 28 de mayo. "Tenemos voluntad y es una cuestión de la valoración económica. Como hay un lucro de una pasilla que es municipal ", en alusión a los terrenos del aeródromo, "se trata de mejorar cuanto antes las condiciones de un espacio que lleva tiempo en precario", añade.
El Aeroclub gestiona las pistas desde 1958 sin pagar por el uso de la instalación. El Partido Popular planteó, antes de perder el Ayuntamiento, trasladar la sociedad aeronáutica a otro emplazamiento para disponer de los terrenos al objeto de construir la Ciudad de las Lenguas. El megaproyecto incluía, además, la ejecución de varios hoteles y un complejo de ocio.
Con el cambio de gobierno en 2015, la coalición de izquierdas descartó la actuación y defendió la continuidad del aeródromo. Eso sí, no todos los socios del denominado Pacte del Grau compartieron esa postura. Castelló en Moviment advirtió que solo claudicaría si se garantizaba la recuperación ambiental del entorno, especialmente en la zona que comprende la travesera, la microrreserva del Serradal y la desembocadura del río Seco.
Sin embargo, con el paso de los años y sin un marco urbanístico, la legalización del Aeroclub se quedó un tanto aparcada. En realidad, lo que más frenó las negociaciones fue precisamente la falta de un Plan General después de la anulación por parte del Tribunal Supremo en 2008 del PGOU ideado por el PP durante el año 2000.
Ahora, la situación resulta completamente distinta, ya que Castelló cuenta con un planteamiento urbano desde el 12 de diciembre de 2022, fecha en que entró definitivamente en vigor una vez validada la pieza Pormenorizada. De acuerdo con el PG, los terrenos anexos a la playa del Gurugú se consideran suelo dotación público, lo que cierra las puertas a un futuro proyecto urbanístico. De ahí el interés por ordenar la explotación de la instalación aérea.