CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló garantiza la regularización del Aeroclub a través de un convenio que ponga fin a la explotación en precario. Sin embargo, y a falta de concretar las condiciones técnicas y económicas de ese acuerdo, el equipo de gobierno planea recuperar parte de la gran pastilla de 425.000 metros cuadrados que ocupa el aeródromo desde 1958, cuando el Ministerio del Aire cedió los terrenos. Así lo manifiesta el portavoz del ejecutivo local, Vicent Sales.
Si bien todavía no se ha trasladado a la asociación una propuesta en firme, una vez celebrada una primera reunión (el martes pasado), encima de la mesa ya surgen algunas zonas de esa amplía superficie que el consistorio considera susceptibles de recuperar para un uso conforme a lo que establece el Plan General, que califica el suelo como dotacional público. Se trata de las parcelas más próximas a la acequia. Unas pocas cuentan con hangares y otras se destinan como aparcamientos de vehículos y autocaravanas, especialmente en verano.
Asimismo, existen otros emplazamientos de interés municipal, como la extensión donde antiguamente se ubicaba el restaurante y las áreas que se utilizan como helipuerto y carga y descarga de medios aéreos para combatir los incendios.
"Hay que ver las distintas posibilidades, porque el Aeroclub no utiliza toda la pastilla", subraya Sales. "El primer paso es firmar el convenio de condiciones, que recoja tanto el canon como la duración. Después, tendremos que determinar si una parte del terreno se revertirá en el Ayuntamiento", agrega.
En cualquier caso, el edil traslada la voluntad del ejecutivo local de acabar con el uso en precario de la asociación. Más cuando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) mejora su posición jurídica tras anular el procedimiento administrativo iniciado en 2010 para construir la Ciudad de las Lenguas, un megaproyecto ideado por el ex alcalde José Luis Gimeno. Como publicó Castellón Plaza este jueves, el fallo es firme al no haber presentado el Ayuntamiento el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El TSJCV entiende que se ha producido una "caducidad" de dicho procedimiento administrativo, sin entrar a valorar el resto de alegaciones presentadas en su día por la asociación mediante un recurso de apelación en el Contencioso-administrativo. Como más relevantes aparecen la omisión de los informes vinculantes de los Ministerios de Defensa y Fomento y la ausencia de un interés público superior y prevalente al desarrollado en el aeródromo.
El Aeroclub regenta las pistas del Pinar desde 1958. La cesión por parte del Estado se concretó con la condición impuesta de que los terrenos se destinaran a un uso aéreo deportivo. Esa exigencia originó la constitución y fundación de la asociación como gestor de la actividad.