CASTELLÓ. La subasta de cuatro parcelas en que se ubica parte del vertedero de Reciplasa, que este diario desveló en su edición del miércoles, ha evidenciado el enfrentamiento latente en el seno de la firma pública que gestiona la basura de la mayor parte de la provincia. El consejo de administración del consorcio decidió en su reunión celebrada también el miércoles presentar un recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Onda para tratar de paralizar la subasta.
Lo hará mediante un burofax y por entender que la licitación pública "podría suponer un perjuicio para el interés general", señala el presidente de la entidad supramunicipal, Ignasi Garcia. Una decisión contra la que el consistorio ondense, representado por Salvador Aguilella, votó en contra en el consejo de administración, al entender que el procedimiento "es totalmente legal" y el "más transparente", según han indicado los técnicos municipales.
En respuesta a Reciplasa, Aguilella afirma además que el recurso a la venta de los terrenos municipales "es una muestra más de la persecución que Compromís y PSOE llevan contra los ondenses" y recordó en este sentido "el macrovertedero y la incineradora de animales" que ya se propuso en terrenos de la localidad y que derivaron ya en una confrontación dialéctica que también se evidenció en la Diputación provincial.
Incidiendo en la disputa política, el Ayuntamiento de Onda recuerda que, tras clausurar el vertedero y proponer en 2014 que Reciplasa comprase los terrenos, en 2015 esto no se llevó a cabo a pesar de que en 2015 el PSOE y Compromís dirigían el consistorio y también el consorcio de residuos.
Asimismo, y en un sentido diferente, Aguilella apunta que Reciplasa "quiere pagar una miseria" por los terrenos, que ahora han salido a subasta por algo más de medio millón de euros. Algo que desde la firma, que en 2019 presentó un escrito al consistorio para regularizar el uso de las cuatro parcelas, niega Garcia: "Ni siquiera se han sentado con nosotros para hablar de un precio, no pueden decir eso".
El presidente del consorcio incide además en el hecho de que, si las parcelas acaban en manos de un tercero, esto "puede ir en contra del interés general, tanto económico como medioambiental". Y es que, en este caso, Reciplasa podría verse obligada a desenterrar los residuos si así lo solicitase el nuevo propietario, con el desembolso económico que esto supondría y el problema de gestión de la basura añadido, a la que habría que encontrar un nuevo destino.
Para evitar "esta grave problemática para todas las partes", Garcia pide actuar "con responsabilidad y velando por el interés común" antes de abrir un nuevo escenario en la gestión de los residuos de 40 municipios de la provincia.
