CASTELLÓ. "Tengo una extraña sensación con este tema". Así define el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, el enésimo episodio del lío del aparcamiento de Cardona Vives. La concesionaria, Saba, presenta un nuevo recurso Contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Castelló pese a haber conseguido que se anule la anterior licitación y se elabore un nuevo pliego de explotación. Ahora, la empresa solicita a la entidad local el pago de una indemnización por el perjuicio sufrido durante la covid.
La reclamación tiene fecha de 12 de marzo de 2024, esto es, cuatro años después de la pandemia. El consistorio ha desestimado la petición de "una compensación económica" por considerarlo "extemporáneo", según explica Sales. De ahí que la compañía haya decidido emprender otro proceso contra el Ayuntamiento.
"Este parking lleva fuera de contrato mucho años y la empresa, en lugar de pedir que se agilice la licitación, prefiere tener la instalación antigua, que no ofrece el servicio que exigen los ciudadanos. Está sin hacer inversiones y todo lo que entra son ingresos. Solo tiene interés en obstaculizar el funcionamiento normal del procedimiento para renovar la concesión", explica Sales.
El embrollo con el parking de Cardona Vives viene de dos años atrás, cuando el anterior equipo de gobierno, el Acord de Fadrell, impulsó en 2022 un concurso público para un nuevo contrato al haber expirado el anterior en 2017. Saba, que asume la gestión del subterráneo desde su apertura en 1975, quedó eliminada de la licitación por un error técnico con su oferta, lo que derivó en resolver la adjudicación en favor de la Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Jujosa-Grupo Bedege, la otra concurrente.
Sin embargo, el contrato para concretarse el cambio de gestor del parking nunca llegó a materializarse, ya que a partir de su exclusión la mercantil abrió un proceso judicial con la presentación de varios recursos ante el Contencioso-Administrativo. En marzo de este año, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dio la razón a la empresa e invalidó la licitación de 2022.
El fallo de la Sección Quinta estimó la argumentación de Saba sobre la subrogación del personal. Al no incluirse en el pliego de prescripciones técnicas y administrativas, la concesionaria había alegado un defecto de forma para solicitar la anulación del concurso público.
Desde entonces, el Ayuntamiento está trabajando en lanzar un nuevo contrato, aunque los contratiempos administrativos han ido complicando su elaboración. Por ejemplo, al haber transcurrido tanto tiempo, el estudio económico que sirvió para lanzar el anterior expediente ha quedado obsoleto, de manera que hay que redactar uno nuevo. Eso se traduce en que los abonos y las tarifas diarias se verán incrementadas respecto a la previsión de hace dos años. Todo apunta a que la nueva concesión no se resolverá hasta 2025.