Consejo de administración de la APVVALÈNCIA. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) destinará 108 millones de euros al dragado marino de 350 hectáreas para aumentar el calado de su canal de acceso. La obra forma parte del proyecto para la construcción de la nueva terminal norte, en la que el recinto valenciano invertirá en los próximos años 466 millones de euros antes de entregarla al virtual adjudicatario en el concurso convocado para explotarla durante 50 años, el grupo naviero italo-suizo MSC.
El dragado del actual canal de acceso al Puerto de Valencia es un punto clave de la ampliación norte, ya que es imprescindible para aumentar su cota hasta los –22,5 metros y garantizar de ese modo la operatividad de los megabuques del futuro, que alcanzarán los 450 metros y superarán los 24.000 TEU.
El Plan de Empresa que la APV ha remitido al Tribunal de Cuentas para la realización de su preceptiva auditoría de cumplimiento incluye un desglose de las inversiones públicas que la APV prevé realizar en la construcción de la nueva terminal de contenedores, con capacidad para casi 5 millones de TEU, los mismos que ahora pasan por todas sus terminales a lo largo de todo un año.
Aunque en un primer momento estaba previsto que la mayoría de las inversiones necesarias para rellenar las explanadas y construir los muelles fueran a cargo de la empresa seleccionada para explotar la terminal de contenedores, será la APV la que finalmente ejecutará la mayor parte de las obras de construcción.
Para ello ha consignado una cifra de 466 millones para el periodo 2019-2024. A ello hay que sumar los 228 millones que ya destinó a la construcción de los diques de abrigo entre 2008 y 2013, antes de que la crisis obligase a paralizar el proyecto que ahora se reactiva con el relleno de las explanadas y la construcción de los muelles. Debido al tiempo transcurrido y a las nuevas necesidades de maniobrabilidad de los portacontenedores que se construirán en el futuro, el proyecto ha tenido que ser rediseñado, con lo que parte de esos diques tendrán que ser demolidos.
Esa modificación es el principal argumento que tanto el alcalde de Valencia, Joan Ribó, como la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, –ambos de Compromís– esgrimen para que el proyecto se paralice hasta que se determine si la APV debe obtener una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) porque, a su juicio, la que se le concedió en 2007 ya no tendría validez con el nuevo diseño de la ampliación.
Los 466 millones de inversión pública que requiere la obra se reparten, según las últimas previsiones de la APV, entre los 108 millones que se destinarán al dragado de la nueva dársena y el canal de entrada y otros 358 millones para la instalación de atraque, obras de relleno y compactación de la explanada, en la que prevé reutilizar 21 millones de metros cúbicos de material que extraerá con los trabajos de dragado.
Además, el Puerto prevé destinar otros 200 millones de euros en la financiación de la mitad del futuro acceso norte, que confía en que se pueda ejecutar a partir de 2023. La asunción directa de esas inversiones, los mencionados 466 millones de la terminal y los 200 del acceso norte, han provocado que el Tribunal de Cuentas haya alertado en su auditoría del riesgo de deterioro de sus indicadores financieros en los próximos ejercicios, por lo que le invita a replantearse el cuadro de inversiones.
Según recuerda el ente fiscalizador en su auditoría, el Plan de Empresa de la APV de 2018 incluía una inversión de 69 millones de euros a ejecutar por la APV a partir de 2021 en generación de explanadas y en la mejora de las condiciones de accesibilidad del canal de entrada, sustancialmente por debajo de los 108 que ha incluido en sus previsiones más recientes.
En sus alegaciones a la auditoría del TC, la entidad que preside Aurelio Martínez defiende que su compromiso de no aumentar las inversiones públicas se ha mantenido "hasta tener compromisos de colaboración público-privada". En ese sentido, recuerda que los 1.011 millones de MSC se ha comprometido a destinar al equipamiento de la terminal a través de su filial TIL más que duplican la inversión pública que requiere el proyecto.
Sin embargo, el cronograma que la APV envió en su momento al Tribunal de Cuentas con los plazos para las inversiones no se cumplirá. De hecho, la previsión de la APV era comenzar a ejecutar su parte de las obras este mismo año, algo que no será posible porque ni siquiera están adjudicadas.
En el otro concurso, el de la concesión para la explotación de la terminal, la APV apenas ha dado los primeros pasos. Su consejo de administración aprobó el pasado 27 de septiembre la selección de la oferta de MSC, la única presentada, en lo que supone el inicio formal de un expediente que aún debe completar varias fases.
De momento, el acuerdo de la oferta seleccionada ni siquiera se ha publicado en el BOE. Un trámite que en principio debía hacerse efectivo en unas pocas semanas acumula de momento casi dos meses de retraso, un tiempo que ha coincidido con la convocatoria y celebración de las pasadas elecciones generales del 10 de noviembre.
El retraso se debe, según explica un portavoz de la APV a preguntas de este periódico, a que ha habido que preparar documentación adicional previa a la publicación. Este trámite es relevante porque desde el momento en el que se publica la oferta en el BOE se somete a información pública para que se puedan realizar alegaciones durante un periodo de veinte días.
Para dar respuesta a las posibles alegaciones, la APV pedirá informes a las administraciones que tienen competencias en ámbitos urbanísticos, en este caso el Ayuntamiento y la Generalitat. De momento han anunciado su intención de presentar objeciones tanto el Ayuntamiento de València como la Comissió Ciutat-Ports, integrada por los colectivos Per l'Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acció, l'Associació de Veïns Natzaret y la Plataforma El Litoral Per al Poble.
En este sentido, cabe recordar que el propio alcalde de València y consejero de la APV, Joan Ribó, emitió el único voto en contra de la admisión de la oferta de MSC frente a nueve a favor –incluido uno de la Generalitat– en el consejo de administración del pasado 27 de septiembre.
Una vez las administraciones elaboren sus informes sobre las alegaciones planteadas, la APV reunirá de nuevo a su comisión técnica para que los estudie y elabore un informe final que se elevará al consejo de la APV, órgano que finalmente decidirá si se otorga la concesión.
El consejo de administración de la APV se reúne este lunes para, entre otras cuestiones, valorar el informe ejecutivo de auditoría de la IGAE sobre control interno de la auditoría de cuentas de 2018. Se trata de la primera reunión que se produce desde la del pasado 27 de septiembre en la que se eligió la oferta de MSC.
