Carlos Fabra, en Les Corts Valencianes. Foto: EFEVALÈNCIA. La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación en la nueva causa que se dirige contra el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, varios familiares y empresarios por el presunto entramado elaborado por el expolítico para ocultar patrimonio y determinadas fuentes de ingresos opacos, posiblemente procedentes de su actividad pública. Todo ello, según considera el juez, con el objetivo de dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado en 2013 por cuatro delitos fiscales, lo que ha supuesto que mantenga una deuda con la Agencia Tributaria de alrededor de un millón de euros.
Anticorrupción le pide 12 años de cárcel por los presuntos delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y cohecho continuado. También solicita 11 años para su hijo Borja por insolvencia punible y frustración de la ejecución y blanqueo; y 7 años para su mujer, María Amparo Fernández, para su hija Claudia y para su yerno, Fernando Castro, por los mismos delitos. A Alejandro Lorca, considerado su testaferro, le pide 8 años de prisión por los mencionados delitos.
A las penas se suma la solicitud de una multa de 3 millones a cada uno de ellos por blanqueo de capitales, lo que da una cantidad total de 18 millones de euros.
Por otra parte, le pide cuatro años y siete meses para el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, y su hijo Fernando Roig Negueroles por los delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución y cohecho; la misma pena para Miguel Pérez, el administrador de una de las mercantiles de las que se sirvió el entramado, por insolvencia punible y frustración de la ejecución y cohecho; y 9 meses para el dueño de Facsa, Enrique Gimeno, por cohecho.
Las solicitudes se hacen extensivas a multas para un total de siete empresas: Carmacas, Asdecas, Sipcas, Lirinlor, Migumi, Portovan y Facsa. Además, pide que tanto las personas físicas como las jurídicas –menos Facsa– sean condenadas a indemnizar conjunta y solidariamente a Hacienda en la cantidad pendiente de pago en el momento de ejecutarse la sentencia de 2013. Es decir, alrededor de un millón de euros.
La Fiscalía recuerda en su escrito que Fabra trató de ocultar su patrimonio ante la Agencia Tributaria y la Justicia para evitar embargos, por lo que "urdió y utilizó una amplia trama económica, financiera y contable", contando para ello con varios familiares y con los empresarios "de manera no habitual". Una "actuación conjunta y coordinada" que ha impedido hacer efectiva la ejecución de la condena y por la cual queda pendiente de pago 1,03 millones de euros.
"La aparente situación de penuria económica" en la que aparece el expresidente de la Diputación de Castellón, sostiene Anticorrupción, "es notablemente discorde con el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo", que alcanzan los 2,69 millones de euros, y con la "intensa actividad bancaria por él organizada", con unos abonos brutos en conjunto superiores a los 26 millones de euros. Todo ello entre el periodo comprendido entre 2007 y 2017.
Para cumplir con este fin usó cuatro sociedades pantalla (Carmacas, Sipcas, Asdecas y Lirinlor), carentes de actividad real y administradas o por familiares o por supuestos testaferros. Según la Fiscalía, algunas de las operaciones que tienen que ver con ellas fueron falaces y su único objeto era el de esconder patrimonio o canalizar fuentes de ingresos que percibía.
Otras empresas, como Migumi, habrían servido para camuflar diversas operaciones como préstamos personales privados u opciones de compra en relación con inmuebles. Uno de los ejemplos más destacados era el del empresario Fernando Roig, con colaboración de su hijo. Entre 2013 y 2014, transfirió un préstamo a empresas vinculadas a Fabra de 1,7 millones de euros que la Fiscalía interpreta que fue simulado al no tener justificación real. En su opinión, respondía, en realidad, a una contraprestación por los contratos publicitarios del aeropuerto de Castellón (Aerocas), que el exdirigente del PP controlaba, con el Villareal Club de Fútbol –del que Roig era presidente– por 8,1 millones de euros. Las cantidades entregadas no consta que hayan sido reclamadas ni devueltas y Anticorrupción las define como donaciones con el "perfecto conocimiento" de sus protagonistas.
A ellas se añaden otras, también en base a su influencia política, de Salvador Martí, expresidente de la Cámara de Comercio de Castellón; Francisco Martínez, exvicepresidente de la Diputación de Castellón; o Enrique Gimeno, de Facsa.
Como consecuencia de las investigaciones, se bloquearon los saldos bancarios de los acusados con un montante total de 415.672 euros, de los que sólo 439 se corresponden a Fabra pese a que llegó a realizar ingresos en efectivo en billetes de alta denominación, especialmente de 500 euros. A su mujer le bloquearon 269.148 euros; a su hijo 82.414 euros; a su testaferro 18.104 euros; y el resto pertenecen a cuentas de Carmacas y Sipcas.
