Batalla política en Castelló por liderar la oposición a la gasolinera del barrio de Rafalafena

CASTELLÓ. Batalla política en el Ayuntamiento de Castelló por liderar la oposición a la gasolinera del barrio de Rafalafena. El equipo de gobierno, formado por el PP y Vox, y el PSPV registran el mismo día (este miércoles) sendas iniciativas para debatir y aprobar en el pleno del 26 de octubre la paralización de la estación de servicio. En el caso del ejecutivo local, y tras el anuncio realizado este lunes por la alcaldesa, la popular Begoña Carrasco, se trata de una declaración institucional que persigue el consenso de los cuatro grupos que conforman la corporación (Compromís es el cuarto). En el caso del principal partido de la oposición, lo que formaliza es una moción. Un día antes, este martes, el líder de la formación valencianista, Ignasi Garcia, había reclamado un ampliación del periodo con vistas a realizar alegaciones.

A principios de semana, la primera munícipe ya se mostró tajante sobre el polémico tema. "Este gobierno no tiene ninguna intención de que se instale una gasolinera en una zona urbana ya consolidada, rodeada de instalaciones deportivas y de tres colegios. Por eso, si los grupos de la oposición tienen la misma voluntad no me cabe duda de que serán firmantes de la misma". "Vamos a recabar todos los informes necesarios que, por sentido común, indiquen que no es el mejor emplazamiento para una gasolinera", agregó

Este miércoles ha sido cuando se ha registrado esta iniciativa plenaria a propuesta del gobierno de la capital. Dicha declaración institucional plantea que todos los grupos políticos se opongan a la instalación de una gasolinera dentro del casco urbano, tal y como se ha venido sosteniendo desde los años 80 del siglo pasado.

Explorar vías administrativas y legales

"Del mismo modo, nos comprometemos a explorar todas las vías administrativas y judiciales para impedir su instalación. Y en tercer lugar, se instará a las Consellerias de Industria, Sanidad y Educación a que emitan Informes sobre la idoneidad y viabilidad del proyecto", ha señalado el portavoz del gobierno, Vicent Sales.

Cabe recordar que en cuanto el ejecutivo local fue conocedor de la gasolinera, se reunió con los vecinos del barrio para recoger su preocupación. Tanto Sales como el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo; y el edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Antonio Ortolá, acudieron a la cita. Los tres regidores aprovecharon para explicar los pasos que va a seguir desde el Ayuntamiento para evitar, siempre dentro de la legalidad, que estuación no se lleve a cabo. En paralelo, se estudian ya las alternativas que hay fuera del núcleo urbano para reubicar la gasolinera.

Lo que propone el grupo socialista en su moción

Por su parte, el PSPV propone en su moción que el "actual gobierno municipal realice las gestiones oportunas para impedir la instalación de la gasolinera prevista en la parcela de la calle Villavieja, 17". Asimismo, se solicita "la ampliación del plazo de alegaciones para facilitar que cualquier persona física o jurídica, afectada por la instalación de esta estación de servicio, pueda plantear sus observaciones".

El nuevo Plan General aprobado en noviembre de 2022, al incorporar como así era obligada la aplicación de la Lotup, obligó al cambio de nomenclatura de determinadas parcelas de la ciudad. Este es el caso de la localizada en la citada vía, esquina con Pintor Carbó, que pasó de ser denominada como suelo dotacional privado a suelo de uso terciario, "lo que en ningún momento supuso cambio alguno de los usos que puede acoger, usos que están marcados incluso desde la aprobación del Plan Parcial de Rafalafena antes de la década de los 80", subraya Patricia Puerta, portavoz del Grupo Municipal Socialista.

La polémica, responsabilidades y dos versiones distintas

Durante estas últimas semanas, como recuerda Puerta, "hemos conocido la intención de un empresario de instalar en la citada parcela una estación gasolinera, una actuación para la que solicitó al Ayuntamiento de Castelló, con fecha 17 de julio, licencia ambiental para su instalación". Esta iniciativa, como destaca la portavoz socialista, "ha generado preocupación en el vecindario, por considerar que podría habilitarse una estación de servicio cerca de una amplia zona residencial en la que, entre otras dotaciones, existen parques, colegios y áreas deportivas".

Desde que estalló la polémica, el Partido Popular y el PSPV cruzan reproches y responsabilidades con dos versiones diferentes. El ejecutivo local acusa a su antecesor, el denominado Acord de Fadrell, de haber iniciado el expediente. Sales desveló el 11 de octubre que la fecha que figura en la tramitación administrativa corresponde al 23 de mayo, es decir, cinco días antes de las elecciones. Frente a esta inculpación, el adjunto del PSPV y ex concejal de Urbanismo, José Luis López, salió al paso para advertir que la solicitud de licencia ambiental data del 17 de julio, justo un mes después de producirse el cambio de signo político con la toma de posesión de la nueva corporación.