CASTELLÓ. El Plan General (PG) de Castelló recupera su protagonismo en la agenda política municipal. Después de meses sin tener novedades, el portavoz del ejecutivo local, José Luis López, desvela que el equipo de gobierno trabaja para aprobar la pieza Estructural antes del verano. Aunque no existe una fecha concreta, ni tampoco si se convocará un pleno extraordinario o, por el contrario, se aprovechará la celebración de un ordinario, la idea estriba en resolver las alegaciones entre junio y julio.
El dictamen técnico sobre las 193 sugerencias presentadas a raíz de la segunda exposición pública se encuentra "muy adelantado", según señala López, quien reconoce que "solo faltan unos informes jurídicos" con vistas a exponer a la corporación el documento final. Dentro de la hoja de ruta diseñada por el Acord de Fadrell para culminar el planteamiento urbanístico en esta legislatura, la validación del Estructural resulta fundamental. Primero porque condiciona el Pormenorizado, el otro instrumento del PG. Segundo, porque su verificación depende en última instancia de otra administración, ya que, además de intervenir la entidad local, la Conselleria de Política Territorial deberá pronunciarse.
De ahí la necesidad de acelerar con esas alegaciones para despacharlas durante estos meses. No en vano, mientras la Comisión Territorial de Urbanismo analice el expediente (dispondrá de un mínimo de dos meses), el Ayuntamiento se centrará en las 377 reclamaciones del Plan de Ordenación Pormenorizada. Entre ellas, aquellas que hacen referencia a la ubicación del futuro conservatorio de música y danza en Taxida, delante de la Ciudad de la Justicia en el PAU Gumbau.
Si se cumplen las previsiones del ejecutivo, la devolución del Estructural, con el visto bueno de Conselleria, coincidirá en el tiempo con el diagnóstico de los funcionarios respecto a las propuestas del Pormenorizado. Dicho de otra manera, sería posible celebrar el último pleno con los dos documentos definitivos, poniendo así fin a un farragoso procedimiento administrativo que arrancó en 2016.
Ateniendo a la última prórroga concedida por el Consell acerca de las normas urbanísticas transitorias de urgencia, la aprobación del Plan General no debería demorarse más allá de abril de 2022. En buena medida, dependerá del tiempo que necesite la Comisión Territorial de Urbanismo para estudiar el dossier sobre la pieza Estructural.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Castelló relanza la licitación del contrato para chequear a sus 1.250 funcionarios y los organismos autónomos. La Junta de Gobierno Local aprobó este jueves el nuevo expediente, con un presupuesto de 125.000 euros. En esencia, se trata auditar los puestos de trabajo a fin de mejorar la eficiencia y diligencia al adaptarlos a la nueva realidad social. "Es algo que hacen todas las administraciones. Como mecanismo de modernización, permite contar con un catálogo para saber qué tipo de perfiles profesionales tenemos en el Ayuntamiento, así como establecer las necesidades", explica López.
El Tribunal Administrativo Central (TAC) paralizó el concurso público en octubre de 2020 tras la interposición de un recurso por parte de una de las concurrentes. A principios de marzo de este año, estimó parcialmente la demanda de la mercantil, instando al consistorio a realizar las pertinentes correcciones en el pliego para reanudar el procedimiento.
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.