CASTELLÓ. El maratoniano pleno ordinario de abril en el Ayuntamiento de Castelló evidenció de nuevo durante la mayor parte de sus cuatro horas de duración las distintas diferencias políticas del gobierno municipal —el PP y Vox— frente a la oposición —el PSPV y Compromís— en un debate marcado por cuestiones identitarias y por el modelo de gestión municipal. En este sentido, la aprobación de la moción de Vox para prohibir los menús halal en las escuelas infantiles municipales, con el respaldo del PP, centró una parte de la sesión y activó un cruce de reproches sobre discriminación, legalidad y convivencia. En paralelo, la comparecencia de la concejala de Turismo, Arantxa Miralles (Vox), trasladó el foco al terreno de la gestión, con la contratación menor como eje de una discusión que, después del archivo de la Fiscalía, se ha desplazado al ámbito político.

Con respecto al primer punto, la iniciativa del partido de extrema derecha sobre los comedores escolares se aprobó con los votos del gobierno y el rechazo de la oposición, en un debate que combinó apelaciones culturales y advertencias jurídicas. Así, el portavoz de Vox, Antonio Ortolá, defendió la necesidad de unas "reglas comunes" y de evitar lo que consideró "imposiciones religiosas", mientras el PP justificó su apoyo en el rechazo al sacrificio halal. Frente a ello, Compromís y el PSPV calificaron la moción de discriminatoria y alertaron de su dudoso encaje constitucional. "Neutralidad es no discriminar", defendió el edil de la coalición Pau Sancho, mientras el portavoz adjunto socialista, José Luis López, denunció la construcción de un "conflicto inexistente", pues subrayó que actualmente no se aplican menús halal en las escuelas infantiles de la ciudad.

Por otro lado, el eje discursivo se repitió en la moción registrada por el PSPV para "impulsar el comercio local", rechazada por el gobierno pese al apoyo de Compromís. En concreto, la propuesta socialista, introducida por el concejal Joaquín Giner y defendida también por la edila de Compromís, Vera Bou, incluía medidas como bonos de fidelización, ayudas al alquiler o un inventario de traspasos, aunque el ejecutivo local la desestimó en voz del concejal de Comercio, Alberto Vidal, al considerar que ya existe una planificación en marcha. La discusión derivó en acusaciones sobre la falta de originalidad de la iniciativa y la presión fiscal a los autónomos, mientras la oposición insistió en la necesidad de un plan "por escrito". En contraste, sí prosperó por unanimidad la moción —presentada por la coalición y enmendada por el PP— sobre el servicio de información del Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC), por la que el Ayuntamiento estudiará crear más plazas estructurales "en los próximos meses".

La comparecencia de Miralles por los contratos menores de Turismo

El otro bloque principal de la sesión resultó en la comparecencia de la concejala y presidenta del Patronato de Turismo, Arantxa Miralles, solicitada por el PSPV y Compromís tras el informe de Intervención de 2024 que detectó un uso "intensivo" del contrato menor en la institución. La edila defendió que el asunto ha sido "sobredimensionado" y se amparó en el archivo de la Fiscalía de Castelló para desacreditar la denuncia, aunque el ministerio público únicamente limitó la vía penal. De esta manera, la oposición insistió en que el "fondo" del problema persiste y la portavoz socialista, Patricia Puerta, criticó que "más del 70 % del gasto del Patronato se tramitó mediante contratos menores" y afirmó que evidencia "un modelo basado en la falta de planificación". Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, reclamó explicaciones concretas sobre las adjudicaciones y las medidas correctoras y lamentó que Miralles evitara responder a las preguntas planteadas.

Por su lado, el gobierno articuló una doble defensa fundamentada en la relativización de los datos actuales al compararlos con la etapa anterior y enmarcó el debate en una "judicialización" de la política por parte de la oposición. A tal efecto, Miralles contrapuso ejemplos de la anterior gestión para cuestionar la legitimidad de las críticas y defendió que ahora existe una hoja de ruta para reducir el peso del contrato menor, con nuevos acuerdos vinculados a la recientemente creada marca turística de Castelló, eventos y servicios estructurales. La alcaldesa, Begoña Carrasco, respaldó esta línea e intervino para señalar que el modelo "debe mejorar", aunque está en proceso de cambio, mientras Vox endureció el tono al acusar a la oposición de generar "ruido" después de una denuncia archivada.

Por último, la sesión también incluyó el debate sobre el reconocimiento extrajudicial de créditos, los conocidos como Recs, por valor de 1,99 millones de euros, aprobado con la abstención del PSPV y Compromís. Al respecto, la oposición denunció un "modus operandi" basado en gastos sin contrato, mientras que el gobierno defendió una mejora progresiva de los indicadores respecto a la legislatura anterior. Asimismo, un centenar de policías locales asistió al salón de plenos durante el inicio de la sesión en protesta por sus condiciones laborales. En este sentido, Carrasco señaló como una "prioridad" llegar a acuerdos para mejorarlas y citó para ello una próxima reunión el miércoles 6 de mayo.

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