Dos empresas y una UTE aspiran a gestionar las viviendas sociales de Castelló por 1 millón de euros

CASTELLÓ. Dos mercantiles y una Unión Temporal de Empresas (UTE) se disputan el contrato del Ayuntamiento de Castelló para gestionar el parque municipal de viviendas sociales. Se trata de la Asociación Centro Trama, Factoría, Gestión y Consultaría SL y Salzillo Servicios Integrales-Mediterránea Gestión Social y Cultural. Tras la baremación de las ofertas técnicas, la primera parte como favorita para lograr la adjudicación al haber obtenido la mejor puntuación.

Todas las concurrentes ofrecen rebajas respecto al presupuesto de licitación, que oscilan entre el 7,54%, como el porcentaje más elevado, y el 3,35%, como el más bajo. Además, algunas se comprometen a incorporar más mediadores en relación al personal exigido en las cláusulas administrativas.

El contrato tiene una duración de dos años, con posibilidad de acogerse a una prórroga por el mismo periodo. Esto significa que el valor estimado del expediente asciende a casi un millón de euros. En concreto, a 959.852,16 euros (impuestos incluidos). La prestación no solo contempla la gestión de los 227 pisos municipales, sino también el servicio de prevención y mediación con la finalidad de solventar conflictos comunitarios.

Castelló posee viviendas sociales en diferentes distritos. La mayoría se concentra en Obispo Salinas, donde existen 50, y en el edificio Mestrets, con 120. Se da la circunstancia que en ambos grupos se proyectan distintas reformas con una inversión superior a los dos millones de euros. Solo en el caso del inmueble situado en el entorno de Castalia (el segundo), se prevé una transformación completa, con la renovación de las fachadas, la mejora de la eficiencia energética y la instalación de ascensores.

Los objetivos y las obligaciones

La finalidad de externalizar la gestión del parque municipal es doble. Por un lado, se busca realizar un control que permita detectar moradas vacías, de ocupaciones ilegales, impagos o manipulación irregular de las instalaciones de suministros. Por otro, se pretende llevar a cabo una prestación de apoyo a la intervención social con las unidades de convivencia para mejorar sus condiciones de vida.

En caso concreto de las ocupaciones ilegales, la adjudicataria se compromete a investigar cualquier intento de cesión, subarriendo y realización de obras ilícitas, así como la instalación de elementos que afecten a la estética de los edificios o cualquier otra que vulnere la normativa vigente, comunicándolo al Ayuntamiento. Asimismo, debe comprobar regularmente la vigencia de las autorizaciones administrativas o títulos que legitimen la estancia en los pisos, manteniendo actualizado el censo de personas ocupantes. Todas estas actuaciones han de quedar reflejadas en actas de inspección.

El revuelo con la venta de drogas en 2019

En septiembre de 2019, la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, alertó sobre la grave situación del parque municipal. En su primera intervención en un pleno, reveló incluso la venta de droga en algunos pisos, lo que generó un gran revuelo. La edil acusó a sus antecesores de "inacción y de no haber hecho nada".

Así las cosas, el personal mínimo para cumplir con los objetivos del contrato incluyen dos trabajadores sociales, un educador, un mediador y un auxiliar administrativo. Las postulantes tienen la posibilidad de ampliar el número de profesionales, pero siempre y cuando se respete el presupuesto establecido en el pliego. La duración del servicio se prolonga hasta el 31 de julio de 2024, fecha en que la adjudicataria puede acogerse a la citada prórroga de dos años.