CASTELLÓ. La aprobación definitiva del Plan General activará al menos una inversión pública anual de 2 millones de euros hasta 2035. Así lo recoge el informe de viabilidad económica. Según el estudio que justifica el planeamiento urbano, con la validación de la pieza Pormenorizada este viernes, el Ayuntamiento podrá desarrollar en los próximos 13 años infraestructuras y expropiaciones por un importe de 36,6 millones de euros.
Esa cantidad no solo obedecerá a la urbanización de los 11 sectores en suelo urbanizable, sino también a la creación de tres parques (Almalafa, avenida del Mar y Bovalar) y la ampliación de dos (Molí la Font y Senillar), que supondrá un desembolso de 15,6 millones de euros. El marco legal se convertirá en un motor económico de la ciudad, lo que afectará incluso al Producto Interior Bruto (PIB). Las previsiones apuntan a que la capital de la Plana tendrá un mayor peso en la provincia y en la Comunitat Valenciana. En la actualidad, aporta un 33,44 % del PIB provincial y un 4,29 % del autonómico, en ambos casos por encima del peso de su población.
En las hipótesis desarrolladas, el nuevo marco legal generará un beneficio fiscal y neto positivo, con tendencia a la baja. Esto permitirá al consistorio, además de acometer los nuevos proyectos, mantener el actual nivel de servicios. Asimismo, facilitará el desarrollo de otras actuaciones programadas por las administraciones de ámbito regional y estatal. En lo que se refiere a la Generalitat, por ejemplo, se darán las garantías jurídicas para avanzar y culminar el anillo de circunvalación con la ampliación de la ronda Oeste. Una obra cifrada en 40 millones de euros y cuya construcción se alargará hasta 2025, como mínimo.
Los desarrollos contemplados en el Plan General computarán unos volúmenes de negocio por un valor superior a esos 36,6 millones de euros. El informe de viabilidad económica estima que la futura implantación de grandes compañías supondrá un beneficio que incluso irá más allá de lo crematístico a tenor del relanzamiento del mercado laboral.
La consumación del Plan General, asimismo, beneficiará a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los autónomos. Lo hará en calidad de subcontratas para urbanizar las distintas zonas, cuyo coste se elevará por encima de los 44,1 millones de euros, cantidad que será asumida casi en su totalidad por los propietarios de los terrenos. No obstante, igualmente habrá una aportación del Ayuntamiento, ya que tendrá que correr con los gastos de aquellas parcelas de titularidad municipal y objeto de desarrollo industrial o residencial.
El consistorio obtendrá, urbanizados, 81.887 metros cuadrados de techo residencial, 29.556 metros cuadrados de techo terciario y 101.863 metros cuadrados de techo industrial. En total, obtendrá 213.305 metros cuadrados, lo que conllevará un importante incremento patrimonial.
Con la aprobación del Pormenorizado (la otra herramienta del Plan General es el Estructural), Castelló recuperará la seguridad jurídica tras una década de incertidumbre por la anulación del anterior planteamiento. Fuentes municipales aseguran que la capital de la Plana "estará en el mapa de la ciudades inversoras para atraer proyectos de grandes multinacionales".
La aprobación definitiva del Plan General supondrá, además, un "despegue urbanístico para la ciudad de Castelló, tanto de unidades de ejecución, como de rehabilitación de edificios y viviendas y obra nueva". Así lo ha afirmado este jueves el concejal de Urbanismo, José Luis López en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local. López ha señalado que, a partir de la consumación del Plan General, "la concejalía tomará un nuevo rumbo para tramitar de la manera más rápida y eficaz las licencias de obra menor y obra mayor que ya podrán ser gestionadas".
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Compromís, Ignasi Garcia, ha destacado que “la aprobación definitiva del Plan General será un revulsivo económico, puesto que se traducirá en la creación de puestos de trabajo y en un incremento del desarrollo industrial”. “Con este documento se continúa apostando por un urbanismo cohesionador y para buscar un crecimiento más sostenible, que deje fuera de juego a la especulación”.
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.