CASTELLÓ. El nuevo equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Castelló suma otra razón para que las videocámaras del centro dejen de multar a los conductores. Según explica el portavoz del ejecutivo local, Vicent Sales, el gasto municipal por el envío de avisos se ha disparado desde la puesta en funcionamiento del sistema de lectura de matrículas a principios de 2021, en sustitución de los tradicionales bolardos retráctiles. Tanto es así que el consistorio se ha visto obligado a modificar el expediente de contratación con Correos ante la necesidad de ampliar el presupuesto.
Se trata de uno de los contratos que el Ayuntamiento tiene tramitado a través de la Central de Compras de la Diputación Provincial en busca de abaratar costes. Sin embargo, "ha generado tal cantidad de notificaciones que ha hecho que el contrato esté sobrepasado económicamente teniéndolo que ampliar de los 270.000 euros anuales a 324.000 euros", explica Sales.
Solo en el mes de enero de 2023 se han multiplicado por cinco las comunicaciones de este servicio postal. La facturación, correspondiente a las notificaciones de expedientes sancionadores por las videocámaras, ha sido de 47.421 euros frente a los 13.000 euros del mismo mes de 2022. Como consecuencia de esa eventualidad, ha resultado imperativo realizar una modificación sujeta a la ley de contratos del Estado que solo posibilita incrementar el presupuesto hasta un 20%.
El nuevo gobierno municipal ya está analizando con los técnicos la fórmula legal, siempre con la máxima seguridad jurídica, que permita reducir las prestaciones de los dispositivos, de manera que solo se utilicen para el control de la movilidad y las funciones de vigilancia. "Las videocámaras llevan acumuladas más de 65.000 multas y son un despropósito. Además, siguen asfixiando el centro. No solo perjudican al comercio y a los vecinos, sino que también suponen un gasto añadido para las arcas municipales que acabamos pagando todos", subraya Sales.
El portavoz del ejecutivo evita pronunciarse respecto a plazos, pero insiste en que la idea estriba en "movernos con agilidad y celeridad" con vistas a suprimir el sistema. Desde su entrada en funcionamiento a principios de 2021, el Partido Popular siempre se mostró contrario a su implantación. En abril, y a raíz de la gran polémica generada entre los comerciantes, residentes y transportistas, el Acord de Fadrell decidió desconectar los dispositivos hasta octubre de ese año. No obstante, la interrupción se alargó hasta principios de 2022, activándose de nuevo después del periodo navideño.
En sus reiteradas denuncias por el grave perjuicio económico a los afectados, el PP advirtió que, solo en la fase inicial del servicio, el consistorio impuso al menos 9 millones de euros en multas. Asimismo, calculó que la devolución por el primer intento fallido alcanzaría los 1,4 millones de euros.