CASTELLÓ. El Gobierno de España ha puesto fin a la incertidumbre de las empresas de fritas, esmaltes y colores cerámicos sobre su inclusión en la línea de ayudas dirigidas a las empresas gasintensivas. Ahora sí, de facto, el subsector del clúster cerámico podrá acceder a las ayudas de 450 millones de euros impulsadas por el Ministerio de Industria para las compañías con un uso intensivo del gas debido a la extraordinaria subida de precios experimentada a lo largo del año pasado y que ha tenido un impacto de primer orden en la competitividad del azulejo.
A finales de 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este paquete de ayudas donde estaba incluido el sector de la producción de cerámica. Tamaña fue la sorpresa de las compañías de fritas y esmaltes, representadas por la patronal Anffec, que no encontraron su actividad en la relación de 25 sectores beneficiarios de esta inyección estatal de liquidez para compensar el alza de los costes del gas. Era un segundo 'olvido'; llovía sobre mojado porque el Ejecutivo ya las excluyó en marzo del año pasado. Por eso motivó el enfado de la patronal.
Tuvo que pasar más de un mes desde la publicación del decreto de las ayudas para que se anunciara que se subsanaría el "error". Fue a finales de enero cuando el propio Sánchez, a una pregunta del senador de Compromís Carles Mulet, respondió dejando claro que las fritas, esmaltes y colores cerámicos sí estarían incluidas tras una corrección. Pero más allá de la celebración por el anuncio, el sector quería verlo por escrito. Algo que no ha ocurrido hasta este martes, otro mes después.
Así, el Consejo de Ministros de esta semana acordó modificar el decreto para incluir una decena de nuevos sectores. Entre ellos, el de las fritas, esmaltes y colores cerámicos, que se suman a otros como el papel, vidrio, hierro, acero, aluminio, fibras sintéticas y productos alimenticios, fibras artificiales y sintéticas, entre otros, tal como anunció el martes el propio Gobierno.
Tras conocer el acuerdo del Gobierno, el secretario general de Anffec, Manuel Breva, admitió que el sector llevaba "bastante tiempo esperando que el Consejo de Ministros ratificara que nuestro sector es uno de los elegibles dentro de las ayudas a sectores gasintensivos". Así, celebró la noticia pero pidió más celeridad para que las ayudas lleguen a las empresas lo más pronto posible: "Necesitamos que las ayudas salgan cuanto antes y que se resuelvan las alegaciones que varios sectores, entre ellos el nuestro, han presentado a la consulta pública del borrador de la orden ministerial, y que realmente se articulen cuanto antes porque la necesidad de recibir estas ayudas es inminente para no seguir perdiendo competitividad".
Hace dos semanas se cerraba el plazo para presentar alegaciones al borrador del texto que articula las ayudas del Gobierno. Y a partir de ese momento, el 3 de marzo, el Ministerio de Industria tiene un plazo de un mes y medio para resolver dichas alegaciones y publicar el texto definitivo. Y aunque las patronales cerámicas Ascer y Anffecc, así como la asociación Gasindustrial, han compartido sus impresiones y análisis del texto para configurar las alegaciones, finalmente cada asociación ha presentado por separado sus alegatos. También han remitido su documento al Gobierno los firmantes del pacto 'Salvem la Ceràmica' que incluye a la Diputación de Castellón y a alcaldes de municipios cerámicos.
Una de las principales alegaciones tiene que ver con el hándicap de la Ley Crea y Crece que impide el acceso a ayudas públicas a las empresas con un período medio de pago a proveedores superior a 60 días. Esta cortapisa impediría de facto el acceso a las ayudas a la práctica totalidad de la industria cerámica de la provincia por su delicada situación económica. Por otro lado, la obligatoriedad para todas las empresas de más de 250 trabajadores de invertir un 50% de las ayudas en proyectos de descarbonización o eficiencia energética se considera por el sector que está fuera de lugar.
También se pide que se modifique el acceso a las ayudas, que en el borrador está articulado como una concurrencia competitiva, es decir que aunque las empresas cumplan todos los requisitos para recibir la ayuda máxima, ésta no se garantiza a menos que el importe total disponible (los 450 millones) sea suficiente para todas las solicitudes. Asimismo, las alegaciones de la Diputación incluyen que la reducción de los plazos para la tramitación y concesión de las ayudas y que la ayuda máxima por beneficiario se pueda calcular como el 40% del coste subvencionable hasta un máximo de 150 millones de euros por grupo empresarial.
El programa de ayudas se articulará mediante la correspondiente orden de bases y la posterior orden de convocatoria. Por el momento, se prevén dos posibilidades de ayuda coherentes con el Marco Temporal de Crisis relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia.
Por un lado, una ayuda por el 50% de los costes subvencionables hasta un máximo de 4 millones de euros por grupo empresarial para todo el ámbito temporal de aplicación, o bien, por otro lado, una ayuda por el 40% de los costes subvencionables hasta un máximo de 25 millones de euros para todo el ámbito temporal de aplicación, siempre que el beneficiario demuestre que su EBITDA se ha reducido en un 30% o más con relación a la situación previa a la invasión de Ucrania.
