CASTELLÓ. La Conselleria de Hacienda adjudica los contratos complementarios para blindar el inicio de la reforma de Borrull. La contratación de los planes de dirección y ejecución de obra, de proyectos de instalaciones y de coordinación en materia de seguridad y salud despejan el camino al Grupo Ortiz con vistas a comenzar la rehabilitación. El expediente, que agrupa los tres lotes, tiene una duración similar a la restauración del inmueble, esto es, 22 meses.
Aunque se trata de contratos menores, resultan esenciales a fin de garantizar una correcta realización del proyecto. Entre los cometidos figuran, por ejemplo, la elaboración de manuales para el mantenimiento de las instalaciones y la certificación energética del inmueble. Estos servicios establecen las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en el proceso edificatorio, de manera que se asegura el adecuado desarrollo del mismo para verificar la calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos.
Las empresas concesionarias son las siguientes: Xúquer-Arqing, que se ocupará de la seguridad y salud; Windmill Structural Consultans, responsable de la dirección de obra; y Consultors Valencians City Marketing, que velará por el desarrollo de las instalaciones. Las tres mercantiles rebajan ostensiblemente el presupuesto base de licitación, que superaba los 150.000 euros.
Una vez resueltos estos concursos, la farragosa tramitación administrativa llega a su fin. Ahora, solo resta que las adjudicatarias acrediten su solvencia técnica y económica, aportando distinta documentación, para firmar los contratos. Eso sí, el comienzo de los mismos queda en suspenso hasta que arranque la ejecución de la reforma, a cargo del Grupo Ortiz, programada para finales de mayo.
En este sentido, la Unión Temporal de Empresas (UTE) ganadora de la licitación de Borrull está pendiente de estampar su rúbrica en el convenio con la Conselleria, lo que sucederá en las próximas semanas. A partir de ese momento, tendrá que constatar la disponibilidad de los terrenos, así como de la edificación, antes de empezar la profunda rehabilitación. Lo hará a través de la entrega del acta de comprobación de replanteo, un acto jurídico habitual en las obras civiles. Desde ese instante, contará el plazo de ejecución, según lo que establece el pliego.
Aunque el presupuesto base ascendía a 18,1 millones de euros, la renovación del emblemático inmueble, que acogió hasta 2006 los antiguos juzgados de Castelló, se llevará a cabo por un importe de 14,5 millones de euros, lo que implica una disminución de 3,6 millones en relación a la cantidad inicial. Para 2021, la inversión ascenderá a 2,6 millones de euros. El mayor gasto a propósito de la financiación plurianual se producirá en el ejercicio 2022 con 10,2 millones de euros.
Salvo contratiempos durante las distintas fases de ejecución, la finalización de la intervención se producirá a finales del primer trimestre de 2023 o principios del segundo. La restauración transformará por completo la concepción actual del bloque, que ocupa una manzana entera. Más allá de reducirse la superficie útil en todos los niveles, incluida la planta baja, para crear un patio central ajardinado, la estructura del edificio y la distribución de los espacios se ajustarán a la idea de una construcción moderna, funcional y polivalente.