CASTELLÓ. La reforma del edificio de Borrull ve la luz al final del túnel. Tras casi tres años de trabajos, la adjudicataria, el Grupo Ortiz, prevé entregar las llaves del inmueble a la Generalitat Valenciana "en unos días". Así lo aseguran desde la Conselleria de Hacienda, propietaria del edificio, que trabaja ya en la redacción de los distintos expedientes para amueblar el interior cuanto antes.
La recepción de la obra civil se producirá con un retraso de 13 meses respecto a la fecha original. Además, habrá acumulado un sobrecoste de casi de 5,3 millones de euros, toda vez que la actuación se adjudicó por 14,5 millones de euros y el precio final asciende a 19,8 millones de euros (un 36,22% más).
En el momento que Hacienda disponga del edificio, sacará a licitación los contratos asociados al equipamiento. Aunque no existe una data oficial acerca de la puesta en funcionamiento, existe un especial interés por reabrir al público la edificación en el menor tiempo posible. Más cuando la idea en relación a los usos radica en centralizar los servicios sociales autonómicos y trasladar los departamentos municipales ubicados en Quatre Cantons.
Por las dimensiones de inmueble, con una superficie útil de 10.709,83 metros cuadrados, no se descarta que otras Consellerias puedan beneficiarse del reparto con algunos despachos. Dependerá de los espacios libres una vez acordados las dependencias para Bienestar Social y el Ayuntamiento de Castelló.
Con la culminación de la reforma en abril, habrá transcurrido más de un año entre la primera fecha anunciada y la definitiva. En teoría, la restauración de los antiguos juzgados tenía que haber finalizado en marzo de 2023 después de 22 meses de trabajos desde el inicio de los mismos el 20 de mayo de 2021, cuando se produjo la firma del acta de replanteo.
El 1 de marzo de 2023, en la recta final del plazo, la mercantil remitió un escrito de solicitud de una primera ampliación por cuatro meses. Unas semanas después, el día 16 de marzo, se suscribió la resolución, estableciendo como nueva fecha el 20 de julio. A un mes de cumplirse esa data, el 19 de junio, la adjudicataria volvió a plantear la necesidad de incrementar el periodo de ejecución. En esta ocasión, reclamó en primera instancia 3 meses y 10 días. Sin embargo, poco después demandó 5 meses, por lo que se determinó el 20 de diciembre como el día señalado para entregar la obra.
Más lejos de la realidad. El 5 de diciembre el Grupo Ortiz planteó de nuevo lo imperativo de una tercera moratoria por circunstancias súbitas y no previstas en el último modificado del proyecto. Unos días más tarde, el 18, el subsecretario de Hacienda y Patrimonio, Carlos Pablo Gracia, firmó la prórroga. Esta vez de tres meses para fijar el 20 de marzo de 2024 como nueva fecha y que se rebasará finalmente en unas semanas.