CASTELLÓ. La investigación de la Fiscalía por la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) de las tascas obliga al Ayuntamiento de Castelló a suspender sine die las licencias de ocupación de vía pública en la plaza Santa Clara. Eventos como la Feria del Libro o el Street Market se reubicarán mientras duren al menos las diligencias abiertas por el ministerio público, ya que tampoco se ha concretado por cuánto tiempo se extenderá la prohibición.
En realidad, la restricción dependerá de lo que dictaminen los servicios jurídicos. Así lo aseguran fuentes municipales, que advierten que solo se garantizará a corto y medio plazo la celebración del Mercado Gastronómico de la Magdalena por la excepcionalidad de las fechas, como así se contempla en la ordenanza.
La decisión de cancelar los permisos en Santa Clara, criticada por el PP, se adopta a instancias de la Concejalía de Transición Ecológica, que el pasado 17 de enero tuvo conocimiento de la apertura del acto administrativo por parte de la Fiscalía y que, al parecer, obedece a una antigua denuncia vecinal por las tascas. Hasta que se resuelva esa investigación, el Ayuntamiento aplicará medidas que contribuyan a evitar aglomeraciones y ruidos en el espacio público.
Las mismas fuentes señalan que esas actuaciones de urgencia y eventuales no afectarán al cierre de las terrazas. Tampoco a los horarios de los locales ubicados en la calle Barracas, toda vez que están regulados por la propia ZAS. Sin embargo, y como ya adelantó Castellón Plaza, sí condicionará la agenda del Acord de Fadrell respecto al nuevo marco legal de las tascas.
A raíz de los resultados de la monitorización realizada entre 2020 y 2021, el equipo de gobierno se propuso eliminar la Zona Acústicamente Saturada. Con ese objetivo, en junio de 2022, la Junta de Gobierno Local inició el expediente, que contempló tanto medidas correctoras como una exposición pública. La presentación de ocho alegaciones retrasó la planificación del tripartito, que poco después se topó con un inesperado contratiempo al recibir un informe desfavorable de la Conselleria de Emergencia Climática y Transición Ecológica.
Esa evaluación negativa forzó un cambio de planes, especialmente tras rechazar la administración autonómica el recurso del Ayuntamiento. A partir de ese momento, el ejecutivo local focalizó sus esfuerzos en encontrar una solución para blindar las tascas. Las dos alternativas más factibles implicaban cambiar la ordenanza o retocar el Plan General. En ese cometido estaba volcado el tripartito hasta que el mes pasado entró por registro la notificación de la Fiscalía.
La investigación del ministerio público pretende determinar si las medidas impelidas por la ZAS han propiciado en estos años una progresiva disminución de los decibelios en Barracas, Isaac Peral y calles adyacentes. Para acreditar que dichas acciones han surtido efecto, el consistorio debe aportar documentación, con registros y otros datos. Mientras se prolonguen esas diligencias, el ejecutivo velará por minimizar al máximo el ruido en la zona, incluida la plaza Santa Clara.