La normalización de la Oficina de Recaudación Municipal se retrasa más con un nuevo concurso

CASTELLÓ. La regularización de la Oficina de Recaudación Municipal se retrasa unos meses más. El Ayuntamiento de Castelló se ve forzado a impeler un nuevo concurso público al tener que acatar la sentencia del Tribunal Administrativo Central (TAC), que obliga a eliminar las cláusulas de los criterios tecnológicos. En concreto, aquellos puntos que recogen la exigencia de que el personal deba poseer conocimientos y experiencia de manejo de un programa informático en concreto.

Una de las dos concurrentes en la primera licitación, Gestión de Tributos y Recaudación Tributaria (Getyr), había advertido al TAC, mediante la formalización de un recurso, que esa condición sobre el software beneficiaba a la otra postulante al tratarse de la anterior concesionaria, Servicios de Colaboración Integral (SIC). Asimismo, consideró que el requisito incumplía los principios de "tratamiento no discriminatorio".

Paralización del procedimiento

Ante la alegación de la mercantil, el órgano administrativo decidió, un mes después de iniciarse la licitación (en mayo), paralizar el procedimiento para analizar la documentación y tomar una decisión. En junio, estimó la reclamación de Getyr, por lo que ahora el consistorio vuelve a publicar un segundo expediente con las cláusulas modificadas. Las firmas interesadas tienen 30 días naturales para presentar sus ofertas.

En teoría, la adjudicación debería resolverse en breve, ya que el servicio contempla el presente año, con una prórroga de otro. Para cada ejercicio (2022 y 2023), el equipo de gobierno prevé ingresar algo más de 1,9 millones. La cantidad se calcula a partir de las contribuciones que dependen directamente del consistorio, como la tasa de basuras, el tributo por el vehículo o el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La gestión de la Oficina de Recaudación, que se encuentra en la calle Gobernador, está pendiente de normalizarse por contrato desde 2016. La empresa SIC concluyó su relación contractual aquel año, si bien es cierto que garantiza desde entonces la prestación al prorrogarse interinamente la vinculación a la espera de una nueva licitación.

El Ayuntamiento cumple económicamente con la mercantil a través del pago de lo que se conoce como Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (Recs). Esas facturas tienen que aprobarse periódicamente por la corporación en el pleno. Su abono supone un carga para las arcas municipales, aunque es una práctica habitual (y legal) en las entidades locales.