La retirada de la cruz de Ribalta va camino de dirimirse de nuevo en los juzgados

CASTELLÓ. El derribo de la cruz de Ribalta va camino de dirimirse en los juzgados por segunda vez. El anuncio de Abogados Cristianos respecto a la interposición de un Contencioso-administrativo para solicitar "medidas cautelarísimas" augura un nuevo litigio para el Ayuntamiento de Castelló. La presentación de ese recurso, o de cualquier otro a cargo de los afectados, estará sujeto a los tiempos que marca el expediente.

El decreto con la retirada del monumento, previsiblemente, aparecerá publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este mismo jueves. Paralelamente, se comunicará a cada uno de los interesados de forma individualizada la resolución de las alegaciones. En total, se formalizaron 226 durante la exposición pública, 115 a favor de eliminar el símbolo franquista, como así lo considera el informe de la dirección general de Calidad Democrática.

A partir de la fecha de la comunicación personalizada, habrá cuatro semanas para recurrir en reposición por la vía administrativa ante el propio consistorio. Ese plazo se alargará hasta los dos meses (sin contar agosto) en el caso de explorar el camino procesal a través de un Contencioso-administrativo, algo que Abogados Cristianos hará, de acuerdo con las últimas declaraciones de su presidenta, Polonia Castellanos.

Distintas variables

Aventurar en qué momento el conflicto de la cruz podría judicializarse resulta harto complicado, ya que dependerá de diferentes variables. Primero, de cómo se haya redactado el decreto. Segundo, de la recepción de la notificación. Y tercero, del periodo hábil para pleitear en la Audiencia Provincial.

Independientemente de lo que ocurre con la senda judicial, lo cierto es que para acometer el proyecto de traslado del monumento el departamento de Urbanismo tendrá que licitar el contrato de obra, así como la remodelación del jardín. Además, Patrimonio deberá iniciar un procedimiento de cesión al Obispado después del acuerdo alcanzado en junio para que se haga cargo de la figura.

Fuentes municipales aseguran que desde el primero instante "se ha velado y se seguirá velando por que el procedimiento administrativo se desarrolle con plenas garantías legales y bajo el cumplimiento escrupuloso de la normativa vigente". En este sentido, cabe recordar que existe un documento de Calidad Democrática en el que se señala que "la cruz se erigió por acuerdo del Ayuntamiento en 1944, dedicándose a los caídos por Dios y por España. Por tanto, en su origen claramente fue un momento de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura"

"[...] El monumento sigue siendo en la actualidad [...] un punto de concentración para la exaltación del franquismo en fechas concretas", añade el informe. En consecuencia, "no constituye un lugar de historia y tampoco tiene valor artístico". De ahí que se plantee aplicar la Ley de Memoria Democrática para sacar la cruz del parque.