Compromís pasa 'la patata caliente' de la retirada de la cruz de Ribalta a su socio del PSPV

CASTELLÓ. La decisión de la Concejalía de Memoria Democrática de firmar el decreto de retirada de la cruz de Ribalta vuelve a poner a prueba la convivencia interna del Acord de Fadrell. Compromís, que ostenta el área de gobierno (Verònica Ruiz), pasa ahora la patata caliente a su socio del PSPV, cuyo concejal de Urbanismo, José Luis López, debe aprobar la ejecución del proyecto a fin de culminar el traslado del monumento. 

Fuentes municipales evitan pronunciarse sobre los plazos, aunque sí advierten que la resolución refrendada por la edil valencianista ya tiene validez, en tanto en cuenta no resulta preceptiva la elevación a pleno. Del mismo modo, advierten que el Ayuntamiento de Castelló cuenta con la autorización de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana para actuar en el parque, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Incluso, las mismas fuentes recuerdan que el espacio donde se encuentra el lábaro es de titularidad municipal, de manera que el consistorio dispone de competencias al objeto de acometer la reforma. La decisión de impeler el expediente del vestigio franquista, en base a las leyes estatal y autonómica de Memoria Democrática, se produce en medio de la polémica por el mural de Ripollés.

Recuperar el jardín de los años 30

La solución que se proyectó en el anterior mandato, cuando la Concejalía inició por primera vez el procedimiento de la cruz, consiste, por un lado, en sacar el monumento para llevarlo a otro emplazamiento (en teoría, el Obispado se ocupará de ello) y, por otro, en recuperar el jardín que existió en los años 30. El nuevo parterre, de unos 800 metros cuadrados, se divide en tres zonas concretas: una de poco más de 320 m², otra de 241 m², ambas con diversas especies arbóreas y arbustivas, y un paseo central de otros 241 metros cuadrados.

Precisamente como sucediera en 2019, todo hace indicar que la retirada del vestigio acabará en los tribunales. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura a Castellón Plaza que "en cuanto tengamos ese decreto solicitaremos las medidas cautelarísimas en el Contencioso-administrativo. Luego, emprenderemos acciones penales contra la alcaldesa, Amparo Marco".

La vía judicial no será la única que explotará la asociación. Tras conocerse la noticia, "ya nos hemos movilizado para realizar manifestaciones en Castelló. Estamos pensando cómo y cuándo, pero creemos que es importante defender en la calle la cruz para que no se toque", agrega.

"Venganza contra sus socios"

En esta línea, el portavoz de Ciudadanos, Alejandro Marín-Buck, lamenta que "el Fadrell haya convertido la concejalía de Cultura en un cortijo y gobierne imponiendo su tesis ideológica y partidista". "Es verdad que la polémica de la cruz de Ribalta se arrastra desde la legislatura pasada, cuando el Pacte del Grau se empeñó en crear problemas donde no los había y siguen con esa táctica, seis años después", añade.

Por último, el líder del partido liberal precisa que "la urgencia de Verónica Ruiz por ordenar el derribo de la cruz, parece que obedece más a una venganza contra sus socios del PSPV y las últimas discrepancias surgidas entre su departamento y el de urbanismo con tapar el mural de Ripollés en la plaza de la Paz que a una orden justificada en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática".