CASTELLÓ. La Generalitat Valenciana recalcula la aprobación del Plan General de Castelló. La nueva previsión que se marca la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad va en la línea de lo programado por el Acord de Fadrell, que confía en culminar la tramitación a finales de año. Sin embargo, en enero de 2020, cuando el conseller del área, Arcadi España, se reunió por primera vez con la alcaldesa, Amparo Marco, abogó por completar la tramitación antes de abril de 2021, fecha en que expiraba entonces la última prórroga de las normas urbanísticas transitorias de urgencia.
Para que ahora el plazo se cumpla, el Ayuntamiento necesita que la Comisión Territorial de Urbanismo acorte al máximo la diligencia respecto la pieza Estructural, cuyas alegaciones se resolverán, probablemente, en el pleno de julio. "Nuestro compromiso es ir a mínimos, pero siempre que se puede. Desde la Generalitat vamos a trabajar para que antes de que termine el año, pueda ser aprobado", subraya.
Los tiempos para estudiar un documento tan complejo suelen oscilar entre los dos y los seis meses. Depende también de la agilidad del resto de administraciones y entiendes implicadas, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a las que se les hace llegar el instrumento urbanístico para que lo analicen y, así, tener la posibilidad de proponer ajustes en el caso de que lo consideren preciso.
Todo este proceso, según los cálculos del equipo de gobierno, debe concretarse entre septiembre y noviembre. En paralelo, el consistorio espera zanjar la parte Pormenorizada, la otra herramienta del Plan General. Si lo consigue, podrá validar los dos instrumentos en una única sesión a finales de 2021.
"Esperamos que el Plan General sea realidad este año, porque es fundamental para la ciudad, para la recuperación económica tras la pandemia, para proporcionar seguridad jurídica, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades", sostiene Marco. En este contexto, el conseller destaca que "se está avanzando rápidamente en un plan de ciudad que permite definir como tiene que crecer Castelló".
Una de las cuestiones que más preocupa tanto a la Conselleria como al Ayuntamiento reside en dar solución a los problemas de vertidos en la Marjaleria. La necesidad de desarrollar planes a la carta supone un verdadero desafío. Se trata de consolidar las construcciones existentes, mediante la instalación y mejora de los servicios básicos, pero sin afectar a los ecosistemas para preservar el entorno natural.
Los proyectos han de ajustarse a unos plazos muy concretos. Además, la declaración ambiental y territorial estratégica (Date) exige ejecutar las infraestructuras dentro de los primeros 10 años de la entrada en vigor del Plan General, por lo que el consistorio reclama la colaboración de los vecinos con el propósito de detectar aquellas zonas más sensibles. Esa contribución, asimismo, resulta esencial con vistas a asegurar la viabilidad del planteamiento urbanístico en el futuro.
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.