CASTELLÓ. El futuro de Marie Claire vuelve a pender de un hilo. El juzgado de lo Mercantil número 1 de Castelló ha acordado de forma cautelar el embargo de todos los bienes y derechos de la unidad productiva de la textil de Vilafranca, así como las cuentas bancarias y acciones de la empresa que la ha adquirido, Formen, y de su administrador, Ángel Pío Sánchez. Promueve esta medida al no haber pagado el dueño la operación de compra, y con la misma quiere evitar una posible venta de la industria a terceros, ya que advierte de que hay un riesgo de un posible traspaso ante la falta de liquidez.
"Existe peligro de que se enajene, constituya prenda o hipoteca o sean embargados por terceros los bienes y derechos que integran dicha unidad productiva”, indica el juzgado de lo mercantil de Castelló en el auto, según fuentes del TSJ.
Formen adquirió Marie Claire en septiembre, comprometiendo el abono de 250.000 euros por la unidad productiva, más deudas del Institut Valencià de Finances (565.000) y el Fondo de Garantía Salarial (166.000). Pero desde entonces no ha pagado nada; también debe las nóminas de la plantilla, que acumulan retrasos de entre 3 y 5 meses.
El dueño informó al personal en una carta el lunes que las dificultades en el pago se deben a las medidas cautelares pedidas por el Administrador concursal, pero estas se han llevado a cabo porque ha eludido los requerimientos de pago del mismo.
La jueza sustituta de este órgano estima, en una resolución fechada el pasado día 9 de diciembre, la solicitud realizada por el administrador concursal de Marie Claire, quien ha comunicado al órgano judicial su intención de demandar al comprador de la firma concursada por el impago de la unidad productiva de la misma.
Así, la magistrada atiende las medidas cautelares por el impago de la unidad productiva por parte del Administrador concursal, que por este motivo ha demandado al comprador.
La venta de la firma de Els Ports, que se hallaba en concurso de acreedores, fue autorizada a Formen por el juzgado en un auto el pasado 2 de agosto y la escritura del contrato de compraventa se elevó a pública el 27 de septiembre. El pago debía ser abonado el 1 de octubre.
Sin embargo, el administrador concursal mantiene que, llegada la fecha acordada, no se pagó cantidad alguna, lo que motivó que realizase varios intentos infructuosos de localizar al comprador para pedir explicaciones mediante correos electrónicos y burofax.
Ante esta situación, el representante concursal solicitó auxilio judicial al juzgado de lo Mercantil, que lo concedió mediante un auto el pasado 12 de noviembre, auto que ha sido recurrido por el comprador en reposición.
Mientras se tramita este recurso, pidió que se adoptasen medidas cautelares ante “la falta de pago, la nula liquidez y la falta de colaboración” de la empresa compradora.
La jueza reitera ha adoptado esta resolución para evitar un posible daño irreparable que pudiera ocasionar el retraso en la resolución de la demanda, en caso de que se dictara una sentencia estimatoria respecto las pretensiones del administrador.
El embargo acordado abarca todos los bienes y derechos de Marie Claire que fueron enajenados en su momento, como la maquinaria, el stock, las materias primas y las marcas comerciales.
También incluye el saldo de todas las cuentas bancarias y las acciones de Formen, así como el saldo de las cuentas del administrador y socio único de esta mercantil.
El auto dispone igualmente que se proceda a la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de Albocàsser-Morella del escrito del administrador concursal donde se anuncia la futura demanda respecto a las cuatro fincas que integraban la unidad productiva de Marie Claire en el momento de su venta. Esta tiene como finalidad advertir al Registro de una futura demanda que, en caso de prosperar, podría tener “trascendencia registral” y suponer una alteración en dicho registro.
Además, recuerda que, aunque Formen no ha abonado todavía el precio de las fincas registrales de Marie Claire, “catastralmente se ha procedido al cambio a su favor con el incierto futuro de las fincas o de lesión a terceros”.
Por último, el auto alude a la “actitud de la parte demandada”, que está “dilatando, sin justificación alguna del pago de la unidad productiva”, tras no atender a los requerimientos del administrador concursal pero sí recurrir la solicitud de auxilio judicial, lo que hace “evidente que dicho actuar está perjudicando a todas las partes de este concurso”.
Estas medidas cautelares se hacen públicas un día después de que el propietario decidiera, a instancias del comité de empresa, suspender la actividad de la empresa durante tres semanas ante la falta de suministro de gas en la planta, que hace que la plantilla trabaje estos días a tres grados de temperatura.
Los trabajadores habían reactivado la producción este mes pero ya han decidido presentar demandas para rescindir sus contratos. Primero lo ha hecho un grupo de 20 personas al que se le debe cinco meses, y en enero lo hará otro de 70, cuando acumule tres nóminas.
El lunes, Ángel Pío Sánchez aseguró en un escrito que "está trabajando sin descanso para revertir esta situación lo antes posible, siguiendo el camino legal adecuado con el objetivo de proteger nuestro derechos y actividad", e insistió en que está poniendo "todos los medios posibles para regularizar esta situación de forma rápida y eficaz".