CASTELLÓ. Las empresas Andacar 2000, Transtel y Malco Digital Group se disputan el contrato de 2,3 millones de euros para renovar los 42 de vehículos de la flota de la Policía Local de Castelló y Agentes de Movilidad Urbana (Amus). Al tratarse de automóviles para distintos usos, el expediente se divide en ocho lotes. Solo la primera concurrente se postula para la totalidad del expediente. Las otras dos aspiran a asumir la prestación de manera parcial
Las tres mercantiles presentan ofertas a la baja, que varían porcentualmente en función del número de automotores incluidos en cada paquete. La rebaja menos significativa se sitúa en el 0,47%, mientras que la más elevada roza el 28% (en concreto, un 27,92%). Una vez abiertos los sobres con los criterios evaluables de forma automática, Andacar parece coger ventaja respecto al resto de participantes en el concurso público.
Sin ir más lejos, la empresa castellonense ya se encargó en 2018 de modernizar el parque móvil al llevarse 11 de los 12 lotes del contrato por un importe total de 1,4 millones de euros. El Ayuntamiento sustituyó 41 vehículos mediante la fórmula de arrendamiento, sin opción de compra, la misma que repite ahora.
El nuevo contrato contempla automóviles para distinto fin, lo que justifica la división en paquetes. Quince automotrices incorporan un kit de detenidos. Otros 12 se destinan para el patrullaje. Cinco vehículos carecen de distintivos policiales para su uso como turismos de camuflaje. Además, se adquieren dos automotores para las jefaturas.
El lote 5 hace referencia a furgones mixtos, de 3 a 6 plazas, polivalentes y con destino a distintas secciones. El listado se completa con un buggy para la playa, un todoterreno con tracción a las cuatro ruedas para tareas de vigilancia medioambiental y un vehículo tipo furgón, patrullero, adaptado para el transporte de bicicletas, de siete plazas y reservado para los Agentes de Movilidad Urbana.
El contrato tiene una duración de cuatro años a partir de la firma. Sin embargo, al no ajustarse a periodos naturales, ya que comienza el 1 de julio, la vinculación se alarga hasta el 30 de junio de 2026. La cuantía por cada ejercicio completo alcanza los 604.501,20 euros (impuestos incluidos). Para 2022, la cifra asciende a 302.250,60 euros.
La modernización de la flota se enmarca dentro de la nueva política del Ayuntamiento a propósito de la seguridad. Además de haber promovido desde 2021 distintos procesos de selección a fin de incorporar nuevos agentes, el pasado mes de abril sacó a concurso la plaza de coordinador general, un cargo de confianza de la Concejalía.
Recientemente, y como consecuencia de la reestructuración interna en el grupo socialista por la dimisión de David Donate, la alcaldesa, Amparo Marco, confirmó un giro respecto a las competencias policiales con la elección de Octavio Traver como nuevo edil de Seguridad Pública y Emergencias. El concejal, que todavía no ha cumplido un mes en el cargo desde que tomó posesión el 26 de mayo, tiene una difícil papeleta por la singularidad del departamento.