CASTELLÓ. Un recurso ante el Tribunal Administrativo Central (TAC) paraliza el contrato de 125.000 euros para chequear a los 1.247 funcionarios del Ayuntamiento de Castelló. La empresa Daleph Iniciativas y Organización logra la suspensión cautelar de la licitación al denunciar que el criterio académico recogido en el pliego de prescripciones técnicas y administrativas resulta "desproporcionado y restringe la competencia". En concreto, alerta sobre su parcialidad por entender que se formula de manera poco objetiva y que, además, no se ajusta al objeto de la presentación del servicio.
La mercantil, en su amplia exposición de motivos, considera que la norma para puntuar los méritos formativos carece de "proporcionalidad", por lo que insiste en la idea de su naturaleza "discriminatoria". "Indudablemente, puede servir para favorecer a determinados licitadores en perjuicio de otros", agrega. En este contexto, señala que las cláusulas "han de proporcionar a los empresarios acceso a condiciones de igualdad sin crear obstáculos injustificados".
Ahondando en ese desequilibrio, Daleph Iniciativas y Organización advierte que apenas existe una diferencia porcentual entre la valoración profesional y la baremación académica, cuando el valor de la primera debería tener mucho más peso en la suma final. A modo de síntesis, subraya que "su ponderación desproporcionada [la segunda] en relación a la puntuación otorgada al resto de criterios cualitativos impide la efectividad de la garantía legalmente prevista de que las ofertas se evalúen en condiciones de competencia efectiva". Ante lo argumentado, la empresa solicita la nulidad del artículo en cuestión y la retroacción de las bases para que el consistorio impulse un nuevo concurso.
Ahora, el TAC declara la interrupción del procedimiento, a la espera de emitir un fallo definitivo una vez examinadas las alegaciones del Ayuntamiento, al que concede una plazo con vistas a presentar las correspondientes justificaciones en defensa de su pliego.
El Acord de Fadrell considera especialmente relevante el contrato para auditar a los empleados públicos ante la necesidad de mejorar la eficacia administrativa por la nueva realidad surgida en los últimos tiempos. En esta coyuntura, las entidades locales adquieren un mayor protagonismo como motores de la reconstrucción social y económica. De ahí la determinación del equipo de gobierno acerca de reajustar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con el propósito de conseguir departamentos más transversales.
La fiscalización de las carreras profesionales no solo implica realizar un diagnóstico, sino también aportar herramientas de gestión para modernizar aquellas secciones obsoletas y que, en consecuencia, requieran un nuevo enfoque. En un principio, y teniendo en cuenta que la duración del servicio abarca 12 meses, los resultados se conocerían a finales de 2021. Sin embargo, la detención de la licitación deja en stand by esa previsión.
En el caso de que el TAC resuelva a favor de la demandante, el Ayuntamiento tendrá que rectificar el pliego y volver a lanzar el concurso público, con lo que los plazos cambiarán. Ya le ha ocurrido con otro tipo de expedientes como el servicio de limpieza tanto de los colegios como de las dependencias municipales.