Fotos: ANTONIO PRADAS
CASTELLÓ. A la cuarta sí parece la vencida. La reforma del edificio de Borrull va camino de cumplir el último plazo dado por la adjudicataria, el Grupo Ortiz, que prevé entregar la obra a la Conselleria de Hacienda, propietaria del inmueble, el 20 de marzo. La compañía madrileña ya ha retirado la grúa y ha comenzado a amueblar la primera planta, la que se encuentra la más avanzada.
Los cambios tanto en la fachada como en el interior de la construcción resultan visibles desde el exterior. La metamorfosis sufrida muestra una edificación moderna y muy funcional, a la espera de que la Generalitat Valenciana concrete el reparto de espacios. El Ayuntamiento de Castelló sigue confiando en que al final dispondrá de una superficie cercana al 40% (unos 4.000 metros cuadrados) para trasladar los servicios sociales municipales ubicados en la actualidad en Quatre Cantons.
Con la culminación de la actuación en marzo, habrá transcurrido un año entre la primera fecha anunciada y la definitiva. En teoría, la restauración de los antiguos juzgados tenía que haber finalizado en marzo de 2023 después de 22 meses de trabajos desde el inicio de los mismos el 20 de mayo de 2021, cuando se produjo la firma del acta de replanteo.
El 1 de marzo del año pasado, prácticamente al final del plazo, la mercantil remitió un escrito de solicitud de una primera ampliación por cuatro meses. Una petición motivada por la aparición de circunstancias imprevistas que representaron un aumento del alcance de las obras, ajeno al contratista e imposible de prever. Unas semanas después, el día 16 de marzo, se suscribió la resolución, estableciendo como nueva fecha el 20 de julio.
Un mes antes de esa data, el 19 de junio, la adjudicataria volvió a plantear la necesidad de incrementar el periodo de ejecución. En esta ocasión, reclamó en primera instancia 3 meses y 10 días. Sin embargo, poco después demandó 5 meses más tras presentar un listado con 11 nuevas circunstancias relacionadas con el proyecto. El 4 de julio, la plataforma de Contratación publicó la segunda moratoria, en la que se determinó el 20 de diciembre como el día señalado para entregar la obra.
Más lejos de la realidad. El 5 de diciembre el Grupo Ortiz planteó de nuevo lo imperativo de aumentar el margen para la entrega por circunstancias súbitas y no previstas en el último modificado del proyecto. Unos días más tarde, el 18, el subsecretario de Hacienda y Patrimonio, Carlos Pablo Gracia, firmó la enésima prórroga. Esta vez de tres meses para fijar la fecha para el 20 de marzo de 2024.
Los reajustes en los plazos para finalizar la reforma disparan ya un tercio el presupuesto de adjudicación. El incremento en 2,56 millones de euros (impuestos incluidos) eleva el precio final hasta los 20 millones (en concreto, los 19,8 millones). Este aumento conlleva una modificación del 36,22% en relación al importe de adjudicación de 14,5 millones de euros. Incluso, la cantidad de 19,8 millones supone alrededor de 1,7 millones de euros más que el presupuesto base del contrato (18,1 millones).