El Fadrell concentra sus deberes para final de año: Plan General, presupuestos, avenida Lidón...

CASTELLÓ. El Acord de Fadrell concentra sus deberes para el final de año. Diciembre se vislumbra un mes especialmente ajetreado de cara a impulsar proyectos esenciales que prevén marcar no solo el próximo curso, sino también el resto de la legislatura. Los numerosos frentes abiertos auguran una mayor actividad parlamentaria, en forma de plenos, y un brioso debate interno que pondrá a prueba, una vez más, la fortaleza del gobierno que conforman el PSPV, Compromís y Podem-EUPV en el Ayuntamiento de Castelló. El diseño de los presupuestos para 2021 capitalizará esa discusión después de las quejas expresadas por la confluencia a propósito del protagonismo asumido por el principal socio del ejecutivo local, esto es, el grupo socialista.

La negociación para consensuar las nuevas cuentas municipales se vislumbra un foco de controversia, con el consiguiente desgaste que eso conlleva en las relaciones del tripartito. El esfuerzo por evitar otro desacord obligará a realizar un ejercicio de equilibrismo para que la pluralidad se convierta en el sello de identidad de las políticas sociales y económicas. Un planteamiento en el que coinciden las tres formaciones progresistas, aunque de difícil materialización sobre el papel por el mayor peso institucional del PSPV que, con 10 representantes, duplica en número de concejales a Compromís (tres) y Podem-EUPV (dos). Esa asimetría inclina en muchas ocasiones la balanza por la propia naturaleza del Fadrell.

La elaboración de los presupuestos no representará el único desafío al que se enfrentará la alianza de izquierdas en las próximas semanas. Igual de trascendente, o incluso más, será la aprobación de los dos documentos que integran el Plan General. Los técnicos llevan desde el verano modificando las piezas estructural y pormenorizada de acuerdo con las directrices de la declaración ambiental, lo que se conoce como Date. Los cambios de uso del suelo en algunos sectores, con una reorientación urbanística, o las actualizaciones de las fichas están prácticamente completados, de manera que el Fadrell aspira a lograr la aquiescencia de la corporación en una sesión extraordinaria antes de finalizar 2020.

Esa aceptación, que recogerá también la resolución de las alegaciones respecto a la citada pieza pormenorizada, marcará un punto de inflexión en el farragoso proceso administrativo. Desde ese instante, los tiempos se acortarán teniendo en cuenta que la fase más compleja de la tramitación habrá quedado atrás. Si se cumplen los plazos del equipo de gobierno, Castelló estará en disposición de validar su Plan General en la primavera de 2021. Se tratará de un hito histórico para la ciudad, habida cuenta que acumula décadas sin un marco legal propio, amparándose periodo tras periodo en normas transitorias de urgencia del Consell para garantizar un mínimo desarrollo, aunque insuficiente a fin de captar grandes inversores de multinacionales con el propósito de ejecutar proyectos ambiciosos en la capital de la Plana.

Avenida Lidón, Borrull y la cruz de Ribalta

Otro reto fundamental para el ejecutivo responderá a la reforma de la avenida Lidón. El proceso participativo sigue su curso y se confía en que a lo largo de lo que resta de año la implicación de los distintos sectores y colectivos afectados haya dado sus primeros frutos. La necesidad de alcanzar el máximo consenso posible se ha convertido en una prioridad para el Ayuntamiento, como así lo ha venido expresando la alcaldesa, Amparo Marco, cada vez que se le ha interpelado sobre la rehabilitación, que transformará una de las entradas al centro de la ciudad.

En menor medida, habrá otros cometidos que, asimismo, permitirán avanzar con proyectos fundamentales para Castelló. Por ejemplo, la aprobación de la licencia de obras del edificio de Borrull, pendiente desde septiembre y que la Junta de Gobierno Local espera aprobar en breve. Esa autorización cerrará el círculo administrativo para que, una vez finalizada la licitación en febrero, la adjudicataria pueda iniciar la obra civil con total normalidad. La actuación, con un presupuesto base de 18 millones de euros, permitirá recuperar un emblemático inmueble, que se destinará a servicios sociales y atención ciudadana.

También desde la Concejalía de Memoria Democrática se trabaja a marchas forzadas con vistas a resolver las 39 alegaciones presentadas al derribo de la cruz de Ribalta. En teoría, el informe de los servicios jurídicos no debería demorarse, considerando que el expediente se reactivó en agosto, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) inadmitió el recurso de la Asociación de Abogados Cristianos, dando la razón al consistorio. La eliminación del vestigio franquista quedó aparcada en el anterior mandato, siendo uno de los compromisos del Acord de Fadrell para la presente legislatura.