VALÈNCIA. La exclusión bancaria ha golpeado con fuerza los pequeños municipios y pedanías desde el inicio de la crisis en 2008: la Comunitat pasó de tener más de 5.000 sucursales a cerrar 2022 con menos de 1.700. En otras palabras, dos de cada tres oficinas cerraron en apenas 14 años, dejando muchas poblaciones sin atención presencial.
Esta situación llevó a plantear soluciones, como son las oficinas móviles, la posibilidad de sacar dinero en Correos o la instalación de 141 cajeros en 130 localidades por parte del Consell del Botànic mediante un acuerdo con CaixaBank. Ahora, la Generalitat ha concedido una subvención de 87.000 euros a repartir entre cinco municipios y una entidad local menor, a razón de 14.500 euros por cada uno de ellos.
Así lo recoge una resolución publicada este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia (DOGV) y que establece que los beneficiarios podrán destinar esta cuantía a los costes anuales del contrato de instalación y mantenimiento del cajero automático hasta el importe máximo de 14.500 euros por ejercicio. La ayuda se enmarca dentro del programa de lucha contra el despoblamiento del presupuesto de la Generalitat para 2024.
Los cajeros subvencionados se ubican en las localidades de Benafigos, en la provincia de Castellón; Barxeta, l'Ènova, València y Sollana, así como en la entidad local menor de la Barraca d'Aigües Vives, perteneciente a Alzira. Según recoge la resolución, los dispositivos tienen que ubicarse en un edificio de titularidad local a elección del municipio beneficiario. Aunque en el caso de València y Sollana, el cajero se debe ubicar en el núcleo de población de Horno de Alcedo y el Romaní, respectivamente. Estos seis cajeros darán servicio a 5.000 personas aproximadamente.
Las entidades locales cuentan con quince días hábiles desde la publicación en el DOGV para manifestar su conformidad con la concesión de la subvención. Para recibir la ayuda económica, deberán justificar los costes de instalación y puesta en funcionamiento del cajero aportando una serie de documentos entre los que se encuentra un informe justificativo y un "reportaje fotográfico" de las actuaciones, entre otros. El plazo para entregar esta información finaliza el próximo 13 de diciembre. Una vez la Generalitat reciba la documentación, efectuará el pago mediante transferencia bancaria.
Cabe recordar que casi 75.000 ciudadanos valencianos carecían de un cajero en su localidad, según los datos recabados por el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV) en la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral del 2023. Si se analiza por municipios, un total de 224 (el 41% del total) no tenía oficina, mientras que 110 de ellos tampoco contaban un cajero.
Únicamente las comarcas de València y Baix Vinalopó disponían de sucursal en todos sus municipios. No obstante, estos datos no incorporan a las pedanías y entidades locales menores. En cualquier caso, el 43% de los municipios alicantinos, el 54% de los castellonenses y el 34% de los valencianos estaban desprovistos de oficina bancaria a cierre del pasado ejercicio.
El Consell guarda silencio mientras Andalucía protesta porque se da "más dinero a los más ricos y menos a los más pobres"