CASTELLÓ. La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, señala que será la comisión mixta de patrimonio, integrada por el Ayuntamiento de la capital de la Plana, la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial, la que decida sobre el reparto de los espacios de Borrull una vez concluya la reforma integral. La primera munícipe subraya que esa distribución se abordará en profundidad entre las tres administraciones a su debido tiempo. Incluso, ante las dudas sobre el usufructo del inmueble por parte de los servicios sociales municipales recuerda que existe un compromiso suscrito, que además sirvió para sentar las bases del proyecto.
"Hay firmado un convenio de uso compartido pero esto es una cuestión que estamos tratando en la comisión de patrimonio y que abordaremos conjuntamente el Ayuntamiento, la Diputación y la Generalitat. Que yo sepa no hay ningún cambio respecto de Borrull", asevera Marco.
La posición de Marco contrasta con la postura de la Conselleria de Hacienda, propietaria del edificio y entidad adjudicadora de la rehabilitación, que insiste en dar prioridad al departamento de Mónica Oltra. "Por el momento, solo va Políticas Inclusivas. No hay nada más decidido", señalaron fuentes cercanas al conseller Vicente Soler a finales de abril. En este sentido, la memoria del proyecto no recoge en ningún momento la reserva de dependencias para el Ayuntamiento, a pesar de que hasta el propio president de la Generalitat, Ximo Puig, se refirió a una división administrativa en verano de 2020, cuando anunció que la financiación de la obra civil sería asumida al 100% por el ejecutivo valenciano.
Según las previsiones de la empresa adjudicataria, el Grupo Ortiz, la restauración de Borrull podría arrancar a finales del presente mes. Tras sellar el contrato hace unas semanas, solo queda la firma del acta de comprobación de replanteo, esto es, un acto jurídico en el que la concesionaria acredita la disponibilidad de los terrenos (en este caso, de la construcción). El presupuesto de la reforma asciende a 14,5 millones de euros con un plazo de ejecución de 22 meses.
Además de representar una de las mayores inversiones del Consell en Castelló durante los últimos años, la actuación permitirá recuperar un emblemático inmueble que permanece en estado de abandono desde 2006, año en que se produjo el traslado del funcionariado a la Ciudad de la Justicia del Pau Gumbau. A consecuencia de la falta de mantenimiento y el progresivo deterioro, el edificio presente graves deficientes estructurales, con grietas, fisuras y oxidación, lo que obliga a acometer una profunda renovación, tanto del interior como de la fachada.
En efecto, el proyecto contempla regenerar las seis plantas de la edificación. Más allá de sustituir todos los materiales, modernizando las instalaciones eléctricas o los sistemas de refrigeración, el principal cambio que experimentará el edificio obedecerá a la creación de un gran patio central y ajardinado, que proporcionará iluminación natural a las estancias. Asimismo, fraccionará el bloque en dos áreas, cada una de las cuales se empleará para usos concretos.
La transformación de Borrull se traducirá en novedosos espacios, con salas amplias y polivalentes, infinidad de despachos, zonas de reuniones y una notable recepción de atención ciudadana. Del mismo modo, se habilitará un nuevo acceso principal, con espacio cubierto a doble altura, que facilitará la conexión del ámbito público de la plaza con el atrio interior del edificio.