CASTELLÓ. El enredo de fiestas parece no tener fin en el Ayuntamiento de Castelló. Cada semana se produce una nueva vuelta de tuerca que incrementa la maraña. El último episodio tiene como protagonistas a la concejala y presidenta del Patronato Municipal, Pilar Escuder (PSPV), y al grupo municipal de Ciudadanos.
Mientras la primera aseguraba este miércoles que convocará en el futuro, y siempre después de Magdalena, un Consell Rector ordinario para debatir y votar la moción del PP y Cs, causante del 'desacord', la formación naranja recibía el informe jurídico sobre las declaraciones realizadas por el portavoz socialista, Omar Braina, al finalizar aquel polémico pleno del 19 de diciembre, en las que advertía que la propuesta no tendría recorrido ni consecuencias en el órgano festero por su carácter autónomo.
Según el documento legal, firmando por los secretarios y la asesoría jurídica, "las mociones aprobadas por el pleno [...], al afectar a la esfera competencial de otros órganos (como es el Patronato de Fiestas), los efectos son meramente declarativos, en la medida que manifiestan una voluntad política de instar, proponer, orientar o recomendar algún tipo de actuación al órgano al que van dirigido. Tales acuerdos no tienen efectos vinculantes".
Para Ciudadanos, "la respuesta genera ciertas dudas, por lo que se ha solicitado la opinión de expertos externos en derecho administrativo", precisa en un comunicado. La confusión a la que alude Cs viene propiciada por el informe jurídico que avala en la forma, no en el fondo, la decisión de disolver la Junta de Festes. En su extensa argumentación, precisa que "el Patronato Municipal de Fiestas en tanto que organismo autónomo está adscrito a la Junta de Gobierno Local, correspondiendo al Ayuntamiento la facultad de interpretar los estatutos con carácter vinculante para todos los órganos del Patronato, véase el artículo 50.1 de los mismos".
El citado apartado recoge que el ente festero "estará sometido a un control de eficacia por el órgano municipal de adscripción, que tendrá como finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados". En este punto, desde Cs se considera que "no queda claro la validez, eficacia y eficiencia de los acuerdos del pleno".
No obstante, Escuder asegura respecto a la moción que "se tomará en consideración, pero ahora mismo no está sobre la mesa. El Patronato está volcado en la ejecución de las fiestas de la Magdalena".
El embrollo se complica todavía más ante la posibilidad de que el PP termine judicializando el acatamiento de la citada moción. A la conclusión del Consell Rector de este miércoles, su representante, María España, entregó al secretario una solicitud de certificación del acuerdo adoptado en la reunión del 21 de noviembre de 2019 acerca de la expiración del mandato de la Junta de Festes y suspensión del procedimiento para la renovación y elección de la misma.
"La presidenta está retorciendo el derecho. El gobierno municipal sigue incurriendo en 'fraude democrático' al no respetar, ni acatar los acuerdos del pleno. Hoy, aunque fuera de plazo, deberíamos haber votado la convocatoria de la Asamblea de Fiestas, tal y como recoge el acuerdo plenario de 19 de diciembre de 2019, en lugar de pasar como una dación de cuenta", señaló.
La concejala popular, al igual que Alejandro Marín-Buck (Cs) y Juanvi Bellido (Vox), recordó que "la moción es una orden ejecutiva y no informativa".
Los tres miembros de la oposición mostraron sus reservas sobre las licitaciones de las distintas carpas a mes y medio de la Magdalena. En este contexto, Marín-Buck pidió al Consell Rector que "se tenga en cuenta las quejas de los vecinos de la zona donde se ubica la carpa alemana y que presentaron hace unos días por registro del Ayuntamiento para el cambio de ubicación de la misma por los botellones, orines, defecaciones y actos sexuales que sufren en sus portales y entradas de garaje".
