Foto: ANTONIO PRADASCASTELLÓ/VALÈNCIA/ALICANTE. Y después de la pandemia, ¿qué? El año 2021 que acabamos de dejar atrás, marcado por una crisis sanitaria que ha puesto en jaque a todo el mundo, ha hecho saltar por los aires los planes de la mayoría de empresas. En mayor o menor medida, todas han tenido que revisar sus planes estratégicos y marcar nuevas prioridades para afrontar el escenario pospandemia.
Durante los próximos meses se resolverán cuestiones que quedaron pendientes y se despejarán incertidumbres alimentadas por la crisis sanitaria. La llegada de los fondos del plan europeo de recuperación pondrá a prueba la capacidad de las empresas para captar financiación con proyectos transformadores. A nivel particular, será un año clave para la nueva CaixaBank, que dará sus primeros pasos tras absorber Bankia, o para el puerto y el aeropuerto de Castellón. Grandes compañías como Ford, Mercadona o la refinería de BP tendrán que demostrar su capacidad de adaptación al nuevo escenario, mientras que algunas concesionarias de sanitarias pueden dejar de prestar algunos servicios cuya gestión recuperaría la administración, como ha hecho con las ITV.
En lo que se refiere a Castellón, quizás el reto más importante es la alarmante evolución de los costes energéticos, un asunto que lastra especialmente a la industria provincial. El sector azulejero tiene en el alza del gas el factor que le amenaza de mayor forma en este inicio de año, sobre todo porque no se aprecia el momento en que la curva puede tocar techo y comenzar a revertir.
Las tensiones en la cadena de suministro a nivel mundial han provocado graves problemas a las empresas y un atasco sin precedentes en el comercio mundial. Una situación consecuencia de los desajustes entre oferta y demanda tras el estallido de la pandemia. Y es que mientras en 2020 la industria de Occidente paró su actividad por el virus, China, del que depende la mayor parte del suministro, fue haciendo acopio de materias primas, lo que provocó una escasez a medida que el resto de países fue poniendo en marcha su maquinaria. Todo ello ha derivado en un fuerte aumento en los costes logísticos, principalmente de los fletes marítimos; encarecimiento de las materias primas y la energía; y falta de componentes como son los microchips, presentes en gran parte de los bienes de consumo diarios. Un cóctel explosivo que ya ha tenido sus consecuencias restando competitividad a la industria. Tanto es así que son muchas las compañías que se han visto obligadas a repercutir estos sobrecostes en su precio final para minimizar costes y sortear la actual coyuntura.
Sectores como el azulejero ya sufren "enormes problemas" en la producción por los notables incrementos de los costes energéticos, fundamentalmente el gas, que según las últimas cotizaciones ha septuplicado su precio en un año. Esto ha desembocado en la pérdida de viabilidad de las empresas y, en consecuencia, en la destrucción de empleo y puestos de trabajo, en forma de ERTEs o paros forzosos, echando mano de las vacaciones en el caso de la industria cerámica.
El temor del sector es tal que incluso se habla ya abiertamente del riesgo para el mantenimiento de las compañías más pequeñas y descapitalizadas en un sector en que la concentración en grandes grupos empresariales se acentúa, lejos de remitir. A las puertas de una nueva negociación del convenio, el coste del gas promete ser, de nuevo, el principal escollo que las dos partes deberán salvar. Pero esta es solo una consecuencia más de una cuestión que ha puesto sobre el alambre a un pilar fundamental de la economía provincial y que da trabajo, de forma directa, a casi 16.000 personas.
También la construcción se está encontrando serios problemas de abastecimiento de materiales y licitaciones públicas con precios que no recogen las actuales subidas, lo que está abocando a que muchas convocatorias queden desiertas. Asimismo, las empresas se están viendo obligadas a parar el trabajo durante la obra porque las materias primas han subido tanto que culminar la actuación les sale a pérdidas. ¿Se estabilizará esta situación en 2022?
El aterrizaje de Amazon en Onda, donde abrirá su nuevo centro logístico -el primero de la Comunitat- se producirá el próximo año. En un principio el gigante americano de la distribución preveía poner en funcionamiento el nuevo espacio, ubicado en una parcela de 200.000 metros cuadrados, a principios de 2022 -hacia marzo o abril, según señaló el constructor, P3 Logistics-, pero en las últimas noticias ya no se habla de una fecha definida.
Y es que, para poner en funcionamiento la megaplanta ubicada junto a la CV-10, con la que abastecerá a las plataformas logísticas de su entorno -entre ellas las de Paterna y Alicante, inaugurada el pasado verano-, el líder de la compraventa on line debe resolver otra cuestión clave: la dotación de personal. Y todavía no ha comenzado el proceso de contratación. De hecho, ni tan siquiera ha comunicado cuánta plantilla necesitará para hacer funcionar la planta logística, aunque desde el consistorio ondense se habla de hasta mil personas en temporada alta (es decir, Black Friday y Navidad). De ahí la impaciencia en poner en funcionamiento una infraestructura que puede ser clave para el empleo en la provincia de Castellón… y que puede tener otras consecuencias, en forma de mayor actividad logística vinculada.
El año 2022 está llamado a ser un año clave para la mejora de dos infraestructuras sumamente importantes de la provincia de Castellón: el puerto y el aeropuerto. En lo que se refiere a este último, y a la espera de recuperar la mayor parte de los vuelos comerciales -que opera la aerolínea Wizzair y que han quedado suspendidos hasta la próxima primavera-, el año próximo afronta varios hechos clave a la hora de diversificar ingresos que le garanticen la viabilidad. Además de tratar de encontrar tráfico de carga, algo que hasta ahora no ha conseguido, el recinto de Benlloc y Vilanova d’Alcolea licitará las obras de urbanización del polígono industrial anexo, la denominada Zona de Actividades Complementarias. Tal es la esperanza depositada en la ZAC, que en Aerocas van a proceder a evaluar, de forma previa, el impacto que podría tener en la actividad económica castellonense para definir futuros usos.
En lo que se refiere a PortCastelló, a principios de año deben comenzar las obras para dotar de las vías y del resto de dotaciones necesarias para que el tren circule por la dársena sur, un recinto hasta ahora huérfano de esta conexión. La UTE formada por Gimecons, OHL y Trabajos y Obras será la encargada de llevar a cabo esta primera fase ferroviaria. Pero lo más importante es que la Autoridad Portuaria resuelva la modificación de los pliegos para sacar a licitación de la segunda fase, el puente y la conexión entre dársenas, que quedó desierta en verano por el alto precio del acero. Hasta que esta obra no esté culminada, la dársena sur seguirá sin estar conectada a la red general… y todavía faltará por resolver el acceso sur en tren, una actuación clave y que será financiada con fondos europeos, pero cuyo proyecto aún no está aprobado.
Como viene sucediendo en los últimos años, 2021 no ha sido un año fácil para la factoría de Ford en Almussafes. La crisis mundial por la falta de microchips ha obligado en varias ocasiones a tener que suspender la actividad arrastrando a la planta a encadenar cada trimestre Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE). Un escenario que ha sacudido de forma drástica la producción en la planta que este año llegará a mínimos desde 2012. Pero, además, la nueva hoja de ruta diseñada por la compañía fija que en 2030 solo venderá vehículos eléctricos en Europa y está por ver qué factoría se lleva los nuevos encargo. Una incógnita que ha generado una rivalidad entre la planta valenciana y la alemana de Saarlouis dado que la futura carga de trabajo no permitirá sostener ambas factorías.
En las últimas semanas del año, las negociaciones entre Comité de Empresa y dirección se han sucedido de forma casi semanal con el fin de llegar a un acuerdo laboral y presentar una propuesta que satisfaga a la multinacional para recibir el encargo. A priori, antes del 27 de enero Ford debe recibir sendos planes de ahorro de costes para tomar una decisión, que se producirá previsiblemente en junio. Por tanto, 2022 será un año decisivo para despejar el futuro de una planta que necesita de nuevos modelos ya que cuatro de los cinco que actualmente fabrica tienen su ciclo final de vida en 2024.
Los fondos europeos y la transformación que suponen han propiciado la presentación de importantes proyectos empresariales alineados con los objetivos que marca Europa. En materia de automoción, Power Electronic encabezaba a principios de año la Alianza Valenciana por las Baterías, un consorcio de 23 firmas valencianas que busca impulsar las nuevas formas de movilidad, y que promueve la instalación de una gigafactoría de baterías en territorio valenciano. Un proyecto que cuenta con el respaldo de la Generalitat Valenciana y que prevé una inversión superior a los 2.000 millones, la creación de 30.000 puestos de trabajo y la aportación al crecimiento del PIB valenciano de 2.500 millones anuales.
No obstante, al calor de los eurofondos, otras autonomías pujan por plantas de estas características en sus territorios. El Gobierno central ya anunció un consorcio con Seat-Volkswagen e Iberdrola, para una instalación de baterías en España que sería, además, el primero de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Gobierno. En principio, la ubicación escogida fue Cataluña, pero finalmente Extremadura, la Comunitat Valenciana y Aragón habrían tomado ventaja en la pugna por albergar l infraestructura. Según un comunicado de Volkswagen, su intención es levantar una planta de baterías en España pero la ubicación exacta se decidirá en la primera mitad de 2022. Un año decisivo para conocer si el proyecto que encabeza Power Electronic se convierte en una realidad y si Volkswagen finalmente se decanta por tierras valenciana dando un importante balón de oxígeno al automóvil valenciano.
Más de ocho meses después de pedir a la SEPI una inyección de 103 millones al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Air Nostrum continúa esperando. La aerolínea necesita esos fondos para garantizar su solvencia ante la prolongación de las restricciones y las limitaciones a la movilidad forzadas por la pandemia, pero la SEPI sigue estudiando la operación. En contra de la aerolínea valenciana y del resto de empresas que esperan estas ayudas actúa el polémico rescate a la aerolínea Plus Ultra, aunque no sean casos comparables. Mientras tanto, la compañia trata de recuperar sus niveles de actividad doméstica para tratar de convencer al fondo público de su carácter estratégico y su contribución social a la conectividad. Según el Ivie, en 2019 aportó al PIB 333,5 millones de euros y permitió con su actividad la generación de 7.052 empleos equivalentes a tiempo completo.
La Actuación Estratégica Territorial (ATE) de Mestalla será pasado en 2022. La Generalitat Valenciana ha iniciado ya los trámites para dar por caducada la actuación urbanística ante los incumplimientos del Valencia CF con los plazos fijados. Una decisión que obliga al club a mover ficha y presentar un plan si quiere mantener la edificabilidad extra que recogía esta figura. La Administración valenciana concedió 90 días para conocer la propuesta de la entidad que preside Anil Murthy, quien se reunió el pasado 28 de diciembre con el president Ximo Puig.
Un mero trámite. Salvo giro inesperado, las elecciones previstas en la patronal autonómica CEV y en la Cámara de Comercio de Valencia se resolverán por la vía rápida con la renovación en sus cargos de sus respectivos presidentes, Salvador Navarro y José Vicente Morata. A diferencia de los procesos electorales traumáticos de años anteriores por la concurrencia de varios candidatos, esta vez ninguno de los dos tendrá previsiblemente oposición para renovar su mandato por otros cuatro años. Navarro, que en sus diez años al frente de la CEV ha consolidado la organización empresarial y extendido su ámbito a toda la autonomía tras vertebrar a las patronales de las tres provincias, ocupa la presidencia de la CEV autonómica desde mayo de 2018 y si agota el nuevo mandato lo hará hasta 2026. Por su parte, José Vicente Morata, elegido presidente de Cámara Valencia en 2010 y reelegido en 2018, completará 16 años al frente de la institución si renueva la confianza de los empresarios, con lo que superaría a su predecesor, Arturo Virosque, que estuvo 15 años en el cargo.
Si 2021 fue el año en el que el Consell del Botànic, después de varios años de idas y venidas, dio por fin con la fórmula para reestructurar Feria Valencia e IFA, 2022 debería ser el año en el que esa solución se haga realidad. Tras un intento fallido de la Conselleria de Economía por convertirlas en corporaciones de derecho público, la Conselleria de Hacienda tumbó el plan y propuso como alternativa su transformación en empresas públicas de la Generalitat para enjugar definitivamente sus deudas y asegurar su solvencia. Si se cumple el plan, en los próximos meses se crearán las dos mercantiles públicas que tomarán su relevo y las actuales IFA y Feria Valencia serán disueltas previa cesión de sus activos a sus sucesoras públicas.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunciaba hace unos meses la intención de la compañía valenciana Nethits de invertir 241 millones en un centro de datos en la Comunitat Valenciana. Una instalación de 20.000 metros cuadrados ubicada en el entorno de la ciudad de València y que generará 1.200 puestos de trabajo - 200 directos y 1.000 indirectos-. Según detallaba la firma en un comunicado, el nuevo centro de datos será un espacio especializado que albergará los equipos de red, almacenamiento y computación que empresas y organizaciones podrán utilizar para procesar, depositar y difundir grandes cantidades de datos.
No obstante, desde que el jefe del Consell avanzará esta importante decisión empresarial en septiembre, que cuenta con apoyo institucional, no ha trascendido ningún avance del futuro proyecto ni si las intenciones de la compañía siguen adelante. 2022 será clave para conocer nuevos detalles y si finalmente Nethits mantiene su apuesta por la Comunitat Valenciana.
Si se cumplen los planes del Consell en 2022 se hará realidad uno de los grandes compromisos del Acord del Botànic: el final del modelo concesional de ITV después de 25 años. La Conselleria de Economía ya ha dado el primer paso al comunicar a las siete empresas concesionarias que los contratos actuales no serán prorrogados, por lo que la gestión de todas las estaciones de inspección de vehículos pasará a ser pública desde finales de este año. Los próximos meses serán claves en ese complicado proceso. Para comenzar, las concesionarias no están de acuerdo ni con las previsiones económicas que maneja el departamento de Rafael Climent sobre la rentabilidad del negocio ni con la manera en la que la Generalitat va a a poner fin a los contratos, por lo que es probable que el asunto acabe judicializado como ya ha pasado en otros procesos de reversión. Además, para concretar el cambio de gestión, la Conselleria de Economía va a tener que crear una nueva mercantil pública en la que subrogarse la totalidad de los 1.200 empleados que trabajan actualmente en las empresas que prestan el servicio.
*Información elaborada por Xavi Moret, Estefanía Pastor, Begoña Torres, Luis Torralba, Miquel González y Ramón Olivares.
