CASTELLÓ. Tras un 2020 marcado, como no podía ser de otra manera, por el impacto del coronavirus, que dejó en estado de shock a toda la economía castellonense a mediados de marzo; 2021 se presenta como el primer año de la recuperación. Pero el ejercicio que se abre también presenta retos, globales y concretos, para el tejido empresarial de la provincia. Entre los comunes, ver cómo se recuperan los diferentes sectores tras la pandemia es sin duda el principal. Y entre los individuales, los hay dos especialmente relevantes: conocer cómo afectará la reorientación mundial de BP a la refinería de Castellón y el inicio de las obras de urbanización de Golf Sant Gregori, el mayor Programa de Actuación Integrada listo para ser ejecutado en toda la Comunitat Valenciana.
Este 2020 era el año previsto para comenzar las obras de urbanización de Golf Sant Gregori. Hasta el momento, y después de que estos trabajos comenzasen a finales de 2019, tan solo se ha procedido al derribo de edificaciones existentes, algo que también ha tenido que superar numerosas trabas. Pero la firma del contrato, este mismo día de Nochevieja (añadir enlace) entre la promotora Urbanizadora Golf Sant Gregori y la Unión Temporal de Empresas adjudicataria del contrato despeja un panorama que en algunos momentos se ha ensombrecido sobre el PAI. Tanto es así que el inicio de los trabajos está marcado para los primeros días de enero.
De esta manera, el reto es ver desarrollar de forma adecuada la urbanización de 2,5 millones de metros cuadrados, que incluyen un campo de golf, y con la perspectiva de acabar estas labores en un plazo de tres años. Asimismo, falta por conocer si será en 2020 cuando se produzca el inicio de las promociones en la zona, con lo que se comenzaría a desarrollar las aproximadamente 6.000 viviendas que incluye el PAI. Pero quizás la principal incógnita es conocer cómo pueden afectar al proyecto los numerosos recursos judiciales anunciados, sobre todo sobre el pago de las primeras cuotas de urbanización, aunque también los hay que reclaman a la promotora el pago de determinados asuntos.
El recorte de 10.000 empleos en todo el mundo anunciado por BP a mitad de 2020 todavía no tiene concreción en la refinería del polígono del Serrallo, núcleo central de la principal empresa en cuanto a facturación de la provincia de Castellón y una gran fuente de empleo. Precisamente, es la afección a sus trabajadores la primera incógnita por resolver. Aunque también hay otras. En sus últimas cuentas, la refinería castellonense se vanagloria de haber comenzado el proceso de transición energética que la firma se ha marcado a nivel planetario, pero lo cierto es que el avance se reduce a mejoras de eficiencia energética y a la inclusión de materias primas biorrenovables en sus procesos.
En este sentido, la Estrategia valenciana del hidrógeno verde, que también pretende agrupar a otros sectores empresariales castellonenses, como el azulejo, es un camino abierto pero que aún no se ha comenzado a andar. De esta manera, la definición de proyectos concretos que permitan captar fondos europeos con los que investigar en estas nuevas fuentes de energía es otra de las incógnitas que las empresas castellonenses y valencianas, entre ellas BP, tienen por delante.
Quizás los dos sectores más afectados por la pandemia de coronavirus son la hostelería y el comercio. Los representantes de ambos en la provincia no han cesado de solicitar ayudas con las que reducir el impacto de una crisis sanitaria que a muchos los ha hecho entrar en la UCI. De hecho, desde la Asociación de hosteleros de Castellón (Ashocas) ya vienen señalando que prácticamente un tercio de los bares y restaurantes de la provincia no podrán subir la persiana en breve. También la patronal turística Ashotur ha reivindicado ayudas para un sector que vive posiblemente su momento más complicado en décadas.
Y en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el año que comienza será determinante en el futuro de grandes empresas de la Comunitat .....
La puesta en circulación de los 750.000 millones del plan de recuperación 2021-23 de la Unión Europea son la gran esperanza de empresas y administración para superar la crisis y avanzar en la transformación económica hacia un modelo más verde y digital. El reto para las empresas es mayúsculo, pues la capacidad de captar esos recursos está directamente vinculada a la calidad de los proyectos que sean capaces de impulsar. La Comunitat ya ha esbozado su propia estrategia para la recuperación, una hoja de ruta en la que agentes públicos y privados irán de la mano para maximizar la cantidad de financiación lograda.
El reto es mayúsculo porque hasta 2023 la Comunitat Valenciana recibirá cinco veces más dinero de la Unión Europea que el recibido en la última década y media, por lo que tendrá que garantizar su capacidad de ejecutarlos en el plazo que impone la Comisión Europea. Algunas de las línea de actuación que brindan más oportunidades potenciales para las empresas valencianas son el plan de choque de movilidad sostenible, el plan de choque para la economía de los cuidados o el estrategia del hidrógeno renovable, un terreno para el que la Comunitat ya se ha preparado con el impulso del protocolo para el hidrógeno verde. Sectores como el textil, que ha podido reinventarse para enfocar su actividad hacia los productos sanitarios, o el calzado, que lucha por recuperar el volumen exportador, son candidatos a captar fondos europeos. Tan es así que el calzado ya ha presentado al Ministerio su plan de innovación para aspirar a los fondos..
Año de turbulencias para el proyecto Puerto Mediterráneo, el macro centro comercial y de ocio proyectado en Paterna. Uno de sus socios principales, el grupo británico Intu, acababa este año en concurso de acreedores tras la imposibilidad de vender sus activos para poder hacer frente a una deuda que superaba los 5.000 millones de euros. No obstante, su socio español en el proyecto Eurofund Investment no tira la toalla y trabaja en la búsqueda de nuevos socios en el proyecto. Incluso no descarta hacerse con la parte de Intu y llevar a término en solitario la iniciativa comercial.
Una encrucijada empresarial en un año marcado por una importante victoria judicial. El Tribunal Supremo rechazaba el recurso de casación que interpuso la Abogacía de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que daba la razón a Intu. Una decisión que suponía dar vía libre a la puesta en marcha del complejo.
No obstante, la administración valenciana movía ficha para frenar el proyecto a través de la ampliación del Parque Natural del Turia, más conocido como PORN del Turia, que califica de terreno protegido el suelo sobre el que se ha planeado la construcción del espacio de ocio. Los promotores alegaron acusando al Consell de cambiar las reglas del juego para impedir el proyecto. Todavía está por esclarecerse cómo acabará el enfrentamiento. Con estos frentes abiertos, los promotores del centro comercial encaran un futuro incierto, pero con la tranquilidad de saber que la vía judicial está agotada a su favor. ¿Será 2021 el año en que Puerto Mediterráneo sea una realidad?
Si no surge ningún otro contratiempo, en el año que comienza se resolverá la principal incógnita que acompaña al Puerto de Valencia desde hace años: ¿saldrá por fin adelante la ampliación norte? Los primeros meses de 2021 serán decisivos para resolver la incertidumbre, ya que se espera que Puertos del Estado se pronuncie por fin al respecto. La entidad que dirige Aurelio Martínez quería adjudicar la concesión a MSC el año pasado, pero la oposición a que se ejecutara la obra sin tramitar una nueva declaración de impacto ambiental llevaron al Puerto de Valencia a realizar algunos cambios en el anteproyecto constructivo que ahora tienen que ser aprobados por Puertos del Estado. La respuesta se espera antes de marzo.
Sin duda uno de los temas que más han dado que hablar en 2020 ha sido el futuro de los terrenos del viejo Mestalla. Tras fracasar la gestora de cooperativas ADU Mediterráneo al perder la exclusividad con el club por no conseguir la financiación suficiente, el horizonte es incierto. En los últimos meses, el Ayuntamiento, harto del silencio de la entidad valencianista, se mostraba contundente y exigía al club que diera un paso adelante en el desarrollo del proyecto. No habrá más tiempos. "No se va a prorrogar la ATE. El próximo 15 de mayo acaba el tiempo para que el promotor de esta ATE cumpla con sus obligaciones", subrayaba el alcalde, Joan Ribó. La ATE fija 2025, como el año para tener concluida la urbanización de la zona en la que actualmente se encuentra el Mestalla y la construcción del nuevo estadio.
Lo cierto es que sí habría alguna alternativa. Un fondo de inversión norteamericano ha trabajado en un proyecto inmobiliario radicalmente diferente al de ADU y menos costoso. Un proyecto conocido por el Ayuntamiento, pero para el que oficialmente no se ha presentado ninguna petición de licencia. Es el Valencia CF el que debe mover la primera ficha para desatascar esta actuación urbanística y el calendario corre en su contra.
La pandemia ha sacudido con dureza la planta de Ford Almussafes. La factoría ha acumulado seis expedientes temporales (ERTE), además de un ERE que afectó a 350 trabajadores. Un contexto que ha resentido la producción diaria con un descenso del 32% de su producción en 2020. No obstante, existen también motivos para la esperanza. Se está a la espera de conocer qué planta se hará con los nuevos motores híbridos que fabricará la compañía y Almussafes aspira a hacerse con este pedido. La llegada del motor 2.0L GDI, una versión adicional del motor Duratec que se monta en la Transit Connect, da motivos para pensar que así pueda ser. Desde el Comité de Empresa aseguran que la planta ha demostrado en muchas ocasiones su capacidad para alcanzar acuerdos y asumir retos, por lo que esperan que la dirección ponga sus ojos en la factoría valenciana.
El gigante bancario surgido por la fusión por absorción de CaixaBank y Bankia echará formalmente a andar este año con el reto de lograr los objetivos marcados de rentabilidad, el motivo por el que ambas entidades se decidieron a unir fuerzas ante el panorama de baja rentabilidad para el negocio bancario. El canje de fusión y, en consecuencia, la admisión a cotización de las nuevas acciones emitidas por CaixaBank se producirá a lo largo del primer trimestre y entonces comenzará el proceso de integración de las dos entidades, que culminará con la integración tecnológica prevista para finales de 2021.
El nuevo grupo prevé elevar los ingresos en 290 millones anuales antes de impuestos gracias y lograr unos ahorros de costes de alrededor de 770 millones de euros anuales. Las sinergias de ingresos y ahorros de costes que supera los mil millones de euros al año. Con ello, el ratio de solvencia se situaría en niveles "muy competitivos" del 47,9%. Pero para ello tendrá que aplicar una reestructuración del grupo resultante que costará 2.200 millones de euros. A falta de conocer el calibre del ajuste, se estima que el ajuste puede alcanzar los 8.000 puestos de trabajo y cerca de 1.400 sucursales.
Mecadona inaugura este año su bloque logístico regulador de Parc Sagunt, un bloque inteligente en el que solo durante el pasado año invirtió 74 millones de euros. Desde este almacén central, la compañía que dirige Juan Roig suministrará a toda la red logística. El centro se levanta sobre una parcela de 350.000 metros cuadrados a la que se suman otros 200.000 euros de suelo para ubicar los servicios auxiliares de este megaalmacén. Entre otros servicios, este bloque logístico dispondrá de una zona de aparcamiento para 150 camiones y tomas de recarga para coches eléctricos.
La empresa ha decidido recientemente acelerar la inversión para aumentar su capacidad logística y destinará a ello cerca de 300 en 2021, que se suman a los 200 invertidos en 2020. El plan de inversiones 2020-2025 en logística superará los mil millones de euros. Además del bloque de Sagunt, otros proyectos logísticos para este año son el almacén automático de congelado en Guadix (Granada), el almacén de perecederos en San Isidro (Alicante) o la expansión de su nave de perecederos en Sevilla.
Una de las incógnitas para el 2021 es si finalmente se abrirá el coworking que debía gestionar Fosbury & Sons en la Antigua Estación Marítima. A pesar de que el concurso se inició en 2018, no fue hasta mayo de 2019 cuando la compañía belga firmó el contrato para entrar en el espacio y, a día de hoy, aunque hacen frente al canon, todavía no han puesto el espacio en marcha. De hecho, la última fecha de apertura prevista era el próximo octubre pero, con la situación generada por el virus, la apertura se pospuso a 2021.
Durante el pasado año, la firma belga también puso sobre la mesa la venta a la gestora de capitales valenciana especializada en promoción inmobiliaria, White Investing, la venta de la filial que se adjudicó la concesión. Una operación que, a día de hoy, no se sabe en qué punto se encuentra. Cabe recordar que en estos momentos la adjudicación también se encuentra en los tribunales tras un recurso de la otra propuesta que se presentó a concurso - Valencia Innovation District- al no estar de acuerdo con el proceso. Una demanda que a día de hoy se encuentra en el juzgado tras ser admitida a trámite.
El fin del impuesto al sol ha impulsado en los dos últimos años la puesta en marcha de numerosos proyectos fotovoltaicos en la Comunitat, sobre todo en la provincia de Alicante (en el norte predominan los eólicos, aunque también se ha despertado el interés por la solar). La Generalitat ha reaccionado aprobando un nuevo decreto para favorecer su implantación, que en teoría debe acortar los trámites de los inversores para poner en marcha sus centrales fotovoltaicas. Desde el pasado mes de agosto, ya no es necesario obtener la Declaración de Interés Comunitario (DIC) para construir centrales en suelo rústico, y basta con obtener la calificación como inversión estratégica de las consellerias de Economía, Política Territorial y Agricultura.
El nacimiento del decreto no ha estado exento de polémica, con críticas ecologistas por rebajar el nivel de protección de algunas zonas de la red natura, y de los pequeños productores por verlo demasiado enfocado a facilitar el trabajo a grandes inversores. Por si faltaba algo, el Gobierno discrepa de 12 artículos y una disposición del texto, y estas tendrán que resolverse en una comisión bilateral. No obstante, debe servir para que la Comunitat recupere el terreno perdido en las renovables, donde está muy por debajo de su potencial. Tras su entrada en vigor, ya hay algunas plantas solares que han obtenido dicha calificación estratégica, como la de Beneixama Hive. En 2021 el sector debe consolidarse empezando a concretar proyectos o pinchar (otra vez) la burbuja.
Las pruebas de resonancia magnética de todos los hospitales de la Comunitat Valenciana -excepto el Peset de València y San Juan de Alicante- continúan bajo el control de la UTE Erescanner Salud dos años después de finalizar el contrato en una situación en la que Eresa, compañía de la familia Saus, es la principal beneficiada. Un servicio cuyo contrato terminó el 31 de octubre de 2018 y que, en este caso, sí está demostrado que no solo supondría una mejora del servicio por su mayor integración -a petición de los radiólogos-, sino un fuerte ahorro monetario.
Cabe recordar que, el primer atasco de la recuperación del servicio fue con el decreto de subrogación del personal de la UTE a la administración pública tras un informe de la Abogacía de la Generalitat que no daba por válido el proceso, cuestión a la que finalmente dio el visto bueno el Consell Jurídic Consultiu en febrero del 2019. Hasta enero de 2020, con David Fernández al frente de la subsecretaría, Sanidad estuvo esperando un informe de Hacienda en un proceso que sigue enconado con la pandemia y que no da paso a una reversión que podría ahorrar 17,8 millones de euros anuales a las arcas públicas.
En octubre de 2021 está prevista la finalización de la concesión público-privada del departamento de salud de Torrevieja, a día de hoy gestionado por Ribera Salud. La Conselleria de Sanidad ya comunicó el pasado año a la empresa la decisión de no prorrogar el contrato, por lo que el área volverá a ser pública en el próximo año.
Sin embargo, lo que sí es todo una incógnita es si finalmente se llevará a cabo la reversión anticipada del departamento de Dénia, gestionado por Marina Salud, participada en un 65% por DKV y un 35% Ribera Salud. A pesar de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, llegó a anunciar en varias ocasiones la aceleración del proceso de reversión, lo cierto es que en el último año esta cuestión ha desaparecido de la agenda del Govern del Botànic.
* Información elaborada por Xavi Moret, Estefanía Pastor, Begoña Torres, David Martínez y Ramón Olivares.
