Castelló mediará con el fondo buitre pese a que ve legal la subida del alquiler a las 235 familias

CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló mediará con el fondo buitre, propietario de las fincas donde viven las 235 familias afectadas por la polémica subida de sus alquileres, para intentar buscar soluciones a esta compleja situación. Así lo ha confirmado a este diario la concejala de Vivienda en el consistorio castellonense, Maria Jesús Garrido, quien se reunirá personalmente con representantes del fondo de inversión Voyager Investing UK la próxima semana. 

Pese a que Garrido reconoce la legalidad del aumento de la cuantía de arrendamiento que ahora deben pagar estas familias, ve "moralmente ilegal" la actuación de la entidad propietaria de las fincas. Y es que, tal y como apuntan a este diario fuentes conocedoras y también la propia concejala, que conoce "de cerca" la situación, los contratos de alquiler de estas viviendas VPO incluían una cláusula con una bonificación de más de 150 euros que ahora la propietaria ha decidido suprimir. Esto ha provocado la subida del precio que, aunque entra dentro del marco de la legalidad para las viviendas de protección oficial, la concejala de Vivienda ve "desorbitado".

"Desde el Ayuntamiento vamos a intentar que la parte compradora entre en razón y muestre algo de empatía y visión de futuro. Van a gastarse más de lo que van a recaudar si tienen que empezar a reclamar impagos y ejecutar desahucios. Además la nueva ley de vivienda social les juega en contra, porque los pisos que tengan cerrados más de un año, y me consta que cerca de 45 lo están, podrán ser confiscados por la Generalitat Valenciana para destinarlos a vivienda social durante siete años", explica Garrido.

"Subvención de 9 millones por llenar los pisos"

Según señalan algunos vecinos afectados, cuando en 2011 la anterior propietaria de esta promoción de viviendas -UMA Gestión Integral Construcción y Promoción- puso en venta y alquiler estos pisos, incluyó esta 'descuento' en los contratos de arrendamiento para hacerlos más atractivos y atraer a las familias para que decidieran vivir allí. La bonificación tenía un carácter bianual en los contratos y, ahora, al vencer el plazo, el fondo ha decidido no renovarla. De hecho, fuentes cercanas aseguran que la empresa recibió ese año una subvención de "cerca de 9 millones de euros" por parte de la Generalitat Valenciana -que dirigía en ese entonces Francisco Camps-, "por tener visados y elevados a público los 235 contratos de arrendamiento".

El vecindario asegura que esto es un "auténtico acoso inmobiliario" puesto que la mayoría de familias no pueden hacer frente a este 'nuevo' precio de los alquileres y se ven abocados a quedarse en la calle. Además, personas cercanas a la situación señalan a este diario que la propietaria se está negando a prorrogar los contratos que están venciendo y "obligando" a los inquilinos a comprar las viviendas -cabe recordar que estos contratos tienen una vigencia de diez años y son con opción a compra-. Una compra que las familias "no pueden afrontar por su situación social y económica y que les deja en una postura extremadamente complicada", explican estas mismas fuentes. 

Reunión del próximo lunes

Cabe recordar que el próximo lunes 27 de marzo, el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, se reunirá con las familias del barrio afectadas por esta emergencia habitacional para conocer la gravedad de la situación y valorar con qué posibilidades se cuenta para poder revertir el asunto. A la reunión también acudirá la concejala de Vivienda, Maria Jesús Garrido, quien ve "muy interesante" que la Conselleria de Vivienda comprara estas viviendas, puesto que llevan 12 años construidas y están calificadas como VPO para 30 años.