Castelló refuerza el pacto antitransfuguismo para blindarse ante cambios de gobierno a cargo de ediles díscolos

CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló refuerza el pacto antitransfuguismo para evitar cambios de gobierno a manos de concejales díscolos. El Acord de Fadrell (PSPV, Compromís y Podem-EUPV) y la oposición (PP, Cs y Vox) aprueban una declaración institucional que blinda a la corporación como consecuencia de las últimas mociones de censura vividas en otros territorios, como la región de Murcia. La propuesta subraya que "en ningún caso se aceptarán" iniciativas presentadas por ediles que se desvinculan de la formación con la que concurrieron en los comicios municipales para pasarse al grupo de no adscritos. Del mismo modo, se recoge que esos munícipes "no podrán mejorar su situación [económica] anterior al abandono del grupo político de origen".

El texto va incluso más allá y, ante las posibles dudas que puedan surgir en el futuro respecto al término tránsfuga, señala que "será el propio partido" afectado por un caso de transfuguismo el que aclarará qué regidores "han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina". La medida, en la línea de lo acordado en otras entidades públicas, ofrece amparo jurídico y garantiza la pluralidad en el hemiciclo, sin que la actividad pública pueda verse salpicada por lo que se interpresa como una mala práctica en política.

En la amplia parte expositiva de la declaración institucional, además de recordar que el pacto antitransfuguismo data de 1998, se destaca que en los postreros años se han venido actualizado los códigos éticos a fin de preservar la voluntad de los ciudadanos en las urnas. Un aspecto en el que coinciden las seis fuerzas con representación municipal. Así quedó patente en el pleno de este jueves, en el que esa anuencia se repitió hasta en tres ocasiones más para, por un lado, pedir la implantación de una FP marítima-pesquera-portuaria en Castelló; por otro, adherirse al manifiesto del Día Internacional del pueblo gitano; y en tercer lugar, para defender la actividad física como fuente de bienestar de las personas frente a la covid-19.

La sesión ordinaria de marzo estuvo marcada por la puesta en escena y la retórica, especialmente por parte de la oposición. Los intercambios de golpes dialécticos se sucedieron hasta el final, con el arranque en la explicación de voto de los partidos para decidir la salida del Ayuntamiento del denominado Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana. A excepción del PP, que se abstuvo, todos mostraron su conformidad con la decisión.

El Camí la Ratlla

El mismo resultado, con una inusitada alianza entre el Fadrell, Cs y Vox, se dio con la modificación de crédito por un importe de 693.807,95 euros para garantizar la reforma integral del Camí la Ratlla, confinanciada al 50% con fondos Feder. Esa inversión europea obliga a cumplir unos plazos a propósito de la ejecución de la obra. En concreto, debe iniciarse antes del 14 de julio con vistas ano perder la ayuda. 

Cabe señalar que tres empresas, Gimecons, Pavasal y Becsa, pujan por el contrato, con un presupuesto por encima de los 1,2 millones de euros y una duración de los trabajos de 10 meses. La actuación comprende un tramo de 1,77 kilómetros desde el Serradal.

La polémica se instaló en el pleno con la moción de Podem-EUPV, planteando la finalización de la concesión del servicio de agua potable en 2023, así como la creación de una comisión no permanente para el estudio de la gestión. La iniciativa murió en la orilla al solo recibir el apoyo de Compromís. El socio mayoritario del equipo de gobierno, el grupo socialista, estando de acuerdo con alguno de los puntos, rechazó la propuesta, al igual que la oposición.

Tampoco salieron adelante las mociones de Vox y el PP. En el primer caso, para realizar un estudio sobre el estado de las aceras. En el segundo, para suspender temporalmente el servicio de videocámaras mientras dure la pandemia.

Manifestación de los comercios

En este sentido, desde Castelló Espai Comercial se ha convocado una manifestación el próximo lunes, 29 de marzo, contra de la implantación del sistema. La protesta del sector obedece a que "la medida no ha sido consensuada y entendemos que lo único que se consigue es ahuyentar a los clientes a la hora de realizar sus compras en la zona centro", según un comunicado. La concentración en coche partirá desde el Auditorio a las 9.00 horas y discurrirá por las principales calles del casco antiguo.