CASTELLÓ. (EP). Los senadores de Compromís de la XI Legislatura Jordi Navarrete y Carles Mulet han manifestado su "satisfacción" por el Acuerdo del Consejo de Ministros que accede al sellado de los pozos de la planta Castor -- el almacén submarino de gas ubicado frente a las costas de Vinaròs --, tal y como reclamaron la pasada semana.
"Aunque tarde y como siempre en periodo electoral, el Gobierno ha realizado de una vez el esperado paso que los colectivos que siempre hemos sido contrarios a este pufo de proyecto estábamos reclamando, como es el sellado de los pozos ante la inminente caducidad de los sellos temporales", ha indicado Carles Mulet.
La coalición en el Senado ha realizado desde su llegada a las instituciones una campaña de solicitud de documentos e informes, preguntas y mociones para obtener información y crear una comisión de investigación al respecto --que fue rechazada por el PP-- y desvanecer la "opacidad" que ha envuelto la "lamentable" resolución de un proyecto "que se evidenció peligroso y mal ejecutado", ha señalado Compromís.
Navarrete ha lamentado la "irresponsabilidad" del Gobierno español a la hora de dar la respuesta con la agilidad que la población requería, "después de años de paralizadas las infraestructuras y de demoras con informes y contrainformes que lo único que han buscado era confirmar lo que las instituciones españolas ya dictaminaron y retrasar la toma de decisiones como la de hoy, adoptada en período electoral".
La pasada semana la coalición demostró esta circunstancia poniendo en conocimiento de la opinión pública el Plan Previo de desmantelamiento de la infraestructura redactado en 2018.
Según Compromís, el Plan de Hibernación excedió los dos años previstos y se aproximaban a su caducidad los sellos temporales. "Una irresponsabilidad de la que el PSOE tan solo manifestó a través de Zapatero un tímido perdón y siguen sin mostrar su arrepentimiento de una forma clara dejándonos todavía más años esta chatarra en alta mar", ha denunciado Navarrete, quien ha añadido que "más demora no es aceptable, por injusta con un territorio castigado, en el que no se invierte".
El plan valora en 260 millones de euros el desmantelamiento de las dos plantas y estructuras. Mulet ha recordado a la administración su grado de responsabilidad en todo lo que ha ocurrido y ha reclamado que "sancione a Escal UGS y al grupo principal, como es ACS, en caso de que no desmantele todas las instalaciones por su incompetencia manifiesta, ya que no solo ha sido la vergüenza de la ingeniería europea, sino un paradigma del poco respeto por la seguridad de la ciudadanía perpetrado desde la administración".
