La Comissió Ciutat Port y otros colectivos contrarios a la ampliación del Puerto de Valencia, protestan este viernes a las puertas del edificio donde se reunió el Consejo de Administración del Puerto. Foto: EFE/Biel AliñoVALÈNCIA. Dos meses. Ese es el nuevo plazo que el presidente del Puerto de Valencia, Aurelio Martínez, ha dado para aprobar definitivamente la controvertida ampliación norte. Lo hará, como había anunciado, sin tramitar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) una vez que Puertos del Estado ha confirmado que los cambios introducidos en el anteproyecto constructivo no incurren en los supuestos legales que obligarían a obtener una nueva DIA simplificada y que la original, que se emitió en 2007, continúa vigente.
El consejo de administración que la Autoridad Portuaria de Valencia, el primero tras el pronunciamiento de Puertos del Estado, sirvió para que la entidad y el Ayuntamiento de Valencia acercaran posturas para allanar el camino en la construcción de la futura terminal. Aunque formalmente no hubo ninguna votación sobre el proyecto, la APV se comprometió a resolver las últimas dudas medioambientales manifestadas por el Consistorio, mientras que el alcalde y consejero de la APV, Joan Ribó, desistió de formalizar en ese consejo la petición de tramitar una nueva DIA tal y como les anunció días atrás que haría a los colectivos contrarios a la ampliación norte.
Así, según detalló Aurelio Martínez, la APV sí va a atender en el proyecto definitivo de la ampliación la recomendación de Puertos del Estado de "acreditar" con informes adicionales que los cambios introducidos en el anteproyecto no generan impactos ambientales adicionales. Para ello, la APV incluirá en el mismo un anejo ambiental en el que aclarará si el dragado adicional de la dársena interior supondrá un incremento significativo del vertido al litoral y que el material sobrante de las demoliciones será reutilizado para rellenar la nueva terminal de contenedores.
Adicionalmente, el presidente de la APV también garantizó tras la reunión del consejo de administración celebrada este viernes, que la entidad portuaria hará los informes que el Ayuntamiento de Valencia, mediante una moción de los dos grupos del equipo de Gobierno, Compromís y PSPV le pide que valore realizar relativos a las repercusiones de la ampliación en las emisiones de CO2, impacto paisajístico y erosión de las playas.
Para cumplir con esa moción, Aurelio Martínez reiteró el compromiso de la APV con la regeneración de las playas del sur a las que le obliga la DIA de 2007 y para las que recordó que dispone de 15 millones en reserva. También asumió la petición municipal de alinearse con los objetivos de descarbonización y movilidad de la ciudad.
"Evidentemente, los dos puntos se van a cumplir de manera meticulosa. Lo vamos a incluir en el proyecto, porque de lo que hablábamos hasta ahora era del anteproyecto, después de analizarlas. Eso nos va a llevar entre uno y dos meses. Cuando esté el proyecto, lo sacaremos a licitación", aclaró.
El director general de la APV, Francesc Sánchez, detalló que, en el plazo aproximado de dos meses en los que se calcula que se puede tener el proyecto constructivo con el nuevo anejo ambiental, la APV licitará la obra y procederá a otorgar definitivamente la concesión a TIL, la empresa del grupo MSC especializada en terminales portuarias que ha presentado la única oferta.
No ocurre lo mismo con las dudas que ha manifestado el Ministerio de Transición Ecológica a través del secretario de Estado Hugo Morán, quien recordó en una carta reciente al presidente de la APV que la Ley de Evaluación Ambiental determina que las modificaciones en proyectos ya autorizados deben someterse a una evaluación ambiental simplificada.
En este caso, Aurelio Martínez tiró de ironía y dejó claro que no tiene intención de realizar los informes ambientales que le recomienda el Miteco. Martínez dijo que se le ha contestado "cariñosamente" al Miteco "agradeciéndole su interés en el Puerto de Valencia" y remitiéndole a los documentos de Puertos del Estado en los que se concluye que no es necesario tramitar una nueva DIA para ejecutar la parte pendiente de la obra.
Aunque no exigió una nueva DIA ante el consejo, el alcalde sí manifestó que esta postura suponga aceptar la vigencia de la DIA de 2007, como le reprocha el PP municipal. La moción, dijo, "no implica" que se acepte su vigencia. "Lo que hacemos es pedir que se valore la realización de un estudio de impacto ambiental" sobre los aspectos mencionados de emisiones, vertidos e impacto visual.
"La posición del Ayuntamiento es muy clara, no es una posición contra el puerto. Queremos que el puerto haga las cosas como quiere la mayoría de los ciudadanos de València", indicó el alcalde, quien pese a todo dijo que la posible judicialización de la ampliación norte "no depende ni del Ayuntamiento ni de la APV sino de que una persona o entidad vaya al juez y presente una demanda".
Ribó, que antes de participar en el consejo de administración de la APV se detuvo en la protesta que se desarrollaba a las puertas por parte de la Comissió Ciutat Port y otros colectivos contrarios a la ampliación para escuchar sus reivindicaciones, insistió en que el Puerto debe "hacer las cosas bien" para tirar "hacia adelante".
Horas después del consejo, la Comissió Ciutat-Port dio a conocer que ha presentado un primer recurso de alzada contra la resolución aclaratoria de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) que apunta a que la competencia para solicitar una nueva DIA del proyecto de ampliación del Puerto de València es de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).
Esta resolución permite a Puertos del Estado delegar en el Puerto de Valencia la decisión de continuar adelante con la ampliación norte sin tramitar una DIA simplificada, pero también la responsabilidad de las consecuencias derivadas de esa decisión.
La plataforma que lidera el abogado Antonio Montiel considera que esta resolución "sería nula de pleno derecho ya que contraviene lo dispuesto en la legislación básica en materia de revisión de actos administrativos" y, en un comunicado, ha criticado que Puertos del Estado "se ponga de perfil" en esta cuestión.
En concreto, la plataforma ciudadana, "sin perjuicio de las acciones judiciales que prepara", ha presentado un recurso de alzada contra la resolución publicada en el BOE el pasado lunes 12 de abril por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dictada a solicitud de Puertos del Estado.
Se trata de una resolución aclaratoria para subsanar algunas solicitudes de DIA para obras en curso en varios puertos de interés general de todo el país, entre ellos el de València, que "de manera errónea", atribuían a Puertos del Estado la condición de "órgano sustantivo", un carácter que este último nunca ha tenido. A la luz de esta resolución, es a la APV, como órgano sustantivo o competente, quien debe evaluar, analizar técnicamente y decidir si las modificaciones introducidas en el proyecto de ampliación del puerto exigen solicitar una nueva DIA.
La plataforma ha califica de "nula de pleno derecho" esta nueva resolución por "haberse dictado contraviniendo lo dispuesto en la legislación básica en materia de revisión de actos administrativos, fijada en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y suponer un fraude de la legislación ambiental".
