CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Moncofa ha aprobado la devolución a la empresa urbanizadora del PAI Belcaire Norte de dos avales cifrados globalmente en 2.125.487 euros. El reintegro del dinero obedece a la sentencia del Tribunal Supremo que dio a la razón al agente urbanizador a finales del año pasado. La empresa reclamaba ese dinero después de que el consistorio agotara los cinco años de plazo sin tramitar las obras de construcción de la pasarela peatonal y del puente para el tráfico de vehículos sobre el río Belcaire.
El pago de esos 2,1 millones de euros, que depositó la empresa urbanizadora en el año 2009 como garantía para la ejecución de esas dos obras, supone ahora un grave quebranto para las arcas municipales. Como ya informó Castellón Plaza, el consistorio contrató el pasado mes de enero un crédito para lograr liquidez de cara al pago de esta sentencia y de otras dos más.
La empresa urbanizadora depositó esos dos avales en el año 2009 con el compromiso de construir la citada pasarela y el puente sobre el río Belcaire, diseñados para unir los terrenos del PAI Belcaire Norte con el PAI Belcaire Sur. Sin embargo, la tramitación del macroproyecto residencial se retrasó y el consistorio agotó los cinco años de plazo sin licitar las obras. Vencido el plazo, en abril de 2014 canceló el convenio urbanístico con la empresa y rechazó devolver los avales bancarios.
Tanto los tribunales ordinarios como el Supremo dieron la razón a la mercantil Moncofa Urbanización, lo que ha obligado ahora al consistorio a hacer un esfuerzo económico sin precedentes para devolver los millonarios avales. En concreto, 551.479 euros corresponden al aval por la fallida ejecución de las obras de la pasarela peatonal y los restantes 1.574.008 euros, al aval por el puente para el tráfico rodado de vehículos sobre el río Belcaire. Fuentes del ejecutivo municipal han lamentado que este pago millonario corresponde “a la herencia recibida de cosas mal hechas en el pasado. Los avales caducaban a los cinco años cuando deberían haberse fijado de forma indefinida hasta que la obra se ejecutara”.
Además de este pago, el consistorio ha asumido en los últimos meses dos indemnizaciones más: la más importante de ellas fue de 221.373 euros a dos vecinos que demandaron al consistorio en el año 2012 por conceder una licencia de obras para la construcción de un edificio que no respetó la servidumbre mínima de dos metros que debe haber en el patio de luces, en las vistas y en los balcones con voladizos. La sentencia considera acreditado que la vivienda de los vecinos afectados perdió “habitabilidad y calidad”.
Para hacer frente a los tres pagos millonarios, el consistorio contrató en enero con el BBVA un crédito de 314.724 euros para obtener liquidez dado que estaba en riesgo el pago de las nóminas de los empleados municipales por un déficit de liquidez en caja. Además, el consistorio ha aumentado este año el IBI y el Impuesto de Vehículos para recaudar unos 400.000 euros extra.
