Carrasco pide al PSPV y Compromís que respondan por los 80.000 euros que costó retirar la cruz

CASTELLÓ. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco (PP), pide al PSPV y Compromís que "respondan patrimonialmente" por los 80.000 euros que costó retirar la cruz del Ribalta en el anterior mandato, cuando el bloque de izquierdas (el denominado Acord de Fadrell) todavía gobernaba en el Ayuntamiento de la capital de la Plana. La primera munícipe cree que los partidos ahora en la oposición deberían al menos asumir las costas procesales después de decretar la jueza de lo Contencioso Administrativo número 2 la nulidad del decreto que motivó el traslado, condenando con ello a la entidad local.

En declaraciones realizadas tras la presentación del dispositivo de playas este martes, Carrasco se refirió al fallo y a la petición de su socio de gobierno, Vox, de restituir un lábaro en el mismo lugar del parque. Al respecto, la popular se mostró más partidaria "de esperar a que la sentencia sea firme", por lo que consideró que en estos momentos no resulta "prioritario" colocar una nueva aspa en el jardín. "El sentir mayoritario de los castellonenses no es si ponemos o no la cruz, sino que tenemos otras prioridades, entre ellas el empleo".

Da la razón sobre la resignificación

Sin embargo, Carrasco se congratuló de la resolución judicial, que "da la razón al PP y esgrime los mismos argumentos que utilizamos cuando estábamos en la oposición: que la cruz fue resignificada en 1979 por un gobierno democrático, que representaba a todas las víctimas de la violencia y, por tanto, que su retirada fue una decisión injustificada, arbitraria e ideológica", apuntó, en la línea de lo señalado por el portavoz del gobierno municipal desde el pasado viernes, cuando se conoció la sentencia.

"Sí me gustaría que el coste, esos 80.000 euros, ya no por el derribo, sino por el cambio de sitio, los asumieran los partidos que, sabiendo que era una decisión arbitraria, apostaron por que el Ayuntamiento tomara esa decisión. Deberían responder patrimonialmente", subrayó.

En este punto, la primera munícipe recordó que "ahora el Ayuntamiento ha de pagar las costas", un desembolso que, en su opinión, tendrían que sufragar los grupos de la oposición. "Que las paguen, que la responsabilidad patrimonial la asuman el PSPV y Compromís, que son los que llevaron a cabo esa decisión a sabiendas de que podía ser controvertida como mínimo", prosiguió. "Ahora la justica ha dado la razón de que no solo era controvertido, sino ilegal".

La petición de Vox y sus críticas al PP

Unos días después de hacerse público el fallo, Vox se apresuró este lunes a pedir el cumplimiento de la cláusula 70 del pacto de gobernanza, que recoge la ubicación "en un lugar relevante de la ciudad una escultura o monumento que honre la memoria y mantenga el recuerdo de las víctimas, como estableció ya el acuerdo municipal aprobado en los primeros años de la democracia", en alusión a 1979. El portavoz de la formación de extrema derecha, Antonio Ortolá, planteó la instalación de una nueva aspa, una demanda en la que se reafirmó este martes tras conocer la posición de Carrasco.

De hecho, el líder del partido de ultraderecha aprovechó para criticar las palabras de la alcaldesa. "Volver a poner una cruz en el parque Ribalta debe ser una cuestión absolutamente prioritaria para reponer la memoria de todas las víctimas, defender la libertad de culto y garantizar el cumplimiento de la justicia, redimiendo así el que fue un acto injusto movido únicamente por motivos ideológicos y de odio". "Cuando el PP dice que algo no es prioritario, suele significar que importa y mucho pero que no se atreve a acometerlo. Rajoy no consideró prioritaria la derogación de la Ley de Memoria Histórica, ni las leyes de ideología de género, ni la libertad lingüística o ni siquiera la defensa de la vida… Esta actitud ha permitido que la izquierda avance con sus políticas y, en muchos casos, el PP ha terminado adoptando sus posturas ideológicas, como hemos visto recientemente en este consistorio", agregó el munícipe.

A pesar de los reproches, Ortolá coincidió con Carrasco en que "debería pedirse responsabilidades al PSOE y Compromís por el elevado coste económico que ha supuesto su capricho ilegal, ideológico y obsesivo a todos los castellonenses. No puede ser que el dinero público se utilice para satisfacer intereses partidistas, sobre todo teniendo en cuenta que la retirada arbitraria de la cruz ha sido considerada ilegal. Ahora deberían dar la cara y asumir los costes".

Una cruz pero distinta a la de Abogados Cristianos

Por otro lado, el edil no aclaró de qué manera trasladará al PP su reivindicación, aunque reiteró que exigirá la materialización de ese punto 70 antes de acabar la actual legislatura. Asimismo, descartó que la restitución de un lábaro signifique reintegrar la cruz que se encuentra en la parroquia de Santa Tomas de Villanueva, propiedad del Obispado. Ese planteamiento choca con la pretensión de Abogados Cristianos de devolver el monumento a su emplazamiento original tras la sentencia favorable.

La Fundación está pendiente de la interposición de un recurso de apelación por parte de la Confederación Intersindical Valenciana o del Grup de Recerca de la Memòria Histórica para solicitar la ejecución provisional de la resolución. De ser así, no está del todo claro si propondría mover la cruceta o más bien colocar una réplica. Según informes municipales, la estructura interna del lábaro se encuentra muy deteriorada, en mal estado, con el riesgo de sufrir roturas en caso de manipulación.