CASTELLÓ. La complejidad técnica y jurídica que implica apagar virtualmente las 22 videocámaras del centro de Castelló obliga al equipo de gobierno (PP y Vox) a manejar distintos escenarios en función de la efectividad de las medidas previstas. El plan más remoto supone recuperar los bolardos retráctiles que el anterior ejecutivo local, el denominado Acord de Fadrell (PSPV, Compromís y Podem-EU), eliminó en octubre de 2020.
En principio, solo se trata de una de las numerosas hipótesis que barajan los técnicos, ya que su implantación representaría un nuevo gasto. Bien es cierto que el uso de pilonas inteligentes y autónomas vuelve a asomarse como una solución en algunas ciudades para controlar el tráfico, ya que el sistema de lectura de matrículas genera mucha controversia.
En cualquier caso, la directriz marcada por la alcaldesa, Begoña Carrasco, va en la línea de mantener las filmadoras por seguridad y restringir la circulación con otras acciones. Sin ir más lejos, la nueva señalética vertical, mucho más visible por el tamaño y la luminosidad (nocturna), forma parte de una estrategia que incorpora como actuaciones más destacadas una campaña informativa a pie de calle y la puesta en marcha de una web más intuitiva y ágil que la página castelloconviu.
En el primer caso, se trata de que los Agentes de Movilidad Urbana (AMU) ilustren tanto a los conductores como a los viandantes sobre la desconexión de los dispositivos (dejen de multar), sin que conlleve barra libre para atravesar el centro en coche. En el segundo, se busca especialmente que la solicitud de autorizaciones se produzca al instante, evitando las esperas que tanta polémica generaron al inicio de la activación de las videocámaras.
Carrasco sigue insistiendo en materializar el apagado de los aparatos antes de Navidad. En este sentido, se marca como fecha límite el 22 de diciembre. Los técnicos trabajan contra reloj para elaborar el complejo reglamento, que no solo debe recoger la supresión del sistema, sino que además ha de ofrecer amparo jurídico, sobre todo por la singularidad de la Zona de Bajas Emisiones.
Las cámaras del centro sancionan desde el 10 de enero de 2022, cuando el Fadrell reactivó la operatividad de los equipos tras 9 meses de interrupción por la polémica suscitada en 2021. Desde el periodo de prueba, el PP siempre se opuso a la medida en sustitución de los bolardos retráctiles. Incluso, denunció que únicamente tenía una finalidad recaudatoria.
En efecto, antes de la (pre)campaña electoral, la ahora primera munícipe se comprometió a eliminar las filmadoras. Lo hizo ante el alud de quejas de los comerciantes, autónomos y residentes. Carrascó bautizó el sistema de lectura de matrículas como el Castellón Central.