CASTELLÓ. El Acord de Fadrell ya tiene vía libre para sacar la licitación de la cruz de Ribalta. La publicación en la plataforma de Contratación del decreto de resolución del contrato con Solaris Purgaret permite al Ayuntamiento de Castelló iniciar el segundo procedimiento de adjudicación. No obstante, en el acuerdo se precisa que la ejecución a propósito de la retirada del monumento está condicionada a la terminación del expediente incoado a la mercantil.
En este sentido, la empresa tiene ahora 10 días naturales para formular las correspondientes alegaciones. Y es que no solo se enfrenta a una sanción económica por incumplimiento, sino también a una inhabilitación de hasta tres años para contratar con la administración.
En el escrito de rescisión, se hace un repaso de las faltas cometidas por la adjudicataria desde la firma del acta de comprobación de replanteo, que se produjo el pasado 2 de agosto. Un acto jurídico, por otro lado, que marcó el plazo de seis semanas con vistas a trasladar el lábaro al emplazamiento de la parroquia Santo Tomás de Villanueva y restituir el jardín de 1926, de acuerdo con lo que establece el proyecto.
En la cronología de los hechos se explica que, un día después del teórico comienzo de la actuación y ante el "dudoso entendimiento" sobre el tipo de vallado, la dirección facultativa facilitó a Polaris Purgeret un esquema gráfico de cómo tenía que ser el cercado. Tras el aviso de incidencias, la mercantil decidió eliminar el cerramiento el 5 de agosto. Justo dos semanas después (el 19), se le advirtió que "de no iniciarse de manera inmediata los trabajos, estos difícilmente" se podrían ajustar "a las condiciones idóneas para su correcta ejecución".
De hecho, desde el Ayuntamiento "se realizaron infructuosos esfuerzos a fin de contactar con el responsable de la empresa", que solo dio señales de vida a través de un escrito presentado por registro el 17 para solicitar la paralización del contrato. El consistorio respondió a la adjudicataria "la no procedencia de acceder a lo solicitado" al no constar acuerdo de suspensión adoptado por sede judicial.
A raíz de un informe emitido por los técnicos municipales, en el que se puso de manifiesto el serial de irregularidades, se procedió a iniciar el procedimiento de resolución del contrato. Así se le notificó a Polaris Purgaret, que el 30 de agosto argumentó que "desde el comienzo del plazo" hasta ese momento se habían suscitado "modificaciones sustanciales respecto a las condiciones o requisitos fijados", lo que justificaba su inacción. Una afirmación que la dirección facultativa calificó de "falsa", reiterando que "desde el 2 de agosto" no se llevó a cabo ejecución alguna. Asimismo, subrayó que no se transmitió "ninguna orden contradictoria con las determinaciones del proyecto".
Con el anuncio del nuevo concurso público, el Fadrell confía en culminar la adjudicación en unas semanas. No en vano, se prevé arrancar la ejecución a finales de octubre, en el peor de los casos. El objetivo del equipo de gobierno sigue siendo claro: concluir la actuación antes de concluir 2022, en aplicación de la ley de Memoria Democrática.