CASTELLÓ (EFE). El grupo ecologista Greenpeace ha propuesto este martes recortar el terreno cultivable destinado al regadío en España, comenzando por las 516.000 hectáreas que se encuentran en zonas tensionadas donde los acuíferos están en mal estado. De aquella cifra, prácticamente un tercio, un 32,88%, corresponde a la Comunitat Valenciana. De entre las tierras de regadío que la organización considera que están en peor estado (unas 116.000 hectáreas), aproximadamente una quinta parte se encuentra en la costa castellonense, que aglutina 22.000 hectáreas en situación crítica.
Así lo ha asegurado el responsable de Agua de Greenpeace, Julio Barea, en la presentación de un informe de esa organización no gubernamental sobre la "burbuja" del regadío en el país y cómo reducir su dimensión para hacer frente a la escasez de recursos hídricos y las consecuencias del cambio climático. "Tenemos que reducir los regadíos y adaptarlos a climas más secos; las primeras zonas que tienen que ser recortadas tienen que ser las tensionadas y críticas", ha afirmado Barea.
Según cálculos de Greenpeace, el 16% de los casi 4 millones de hectáreas de regadío legales que existen en España, el equivalente a unas 516.000 hectáreas, se encuentran en áreas tensionadas, es decir, aquellas donde los acuíferos están en mal estado cuantitativo (por sobreexplotación) o químico (por contaminación de nitratos). Estas hectáreas se localizan sobre todo en Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Murcia, seguidas de Baleares y Andalucía, de acuerdo al estudio.
En la Comunitat Valenciana, una tercera parte de sus regadíos se sitúa en zonas que cumplen los criterios que determinan un peor estado de los acuíferos, un mayor impacto de la agricultura industrial y que, de manera prioritaria, tendrían que reducirse. Las zonas con mayor impacto del regadío se concentran en las áreas más cercanas a la costa, tanto en la cuenca del Júcar como en la del Segura.
Además, 22.000 de éstas hectáreas, en la franja costera al norte de Castellón, se sitúan sobre zonas críticas, en las que ya se ha producido un cambio en su clasificación climática hacia un clima más árido. Esta circunstancia hace que la Comunitat Valenciana sea la segunda región con mayor superficie de regadío bajo estas circunstancias en términos absolutos y relativos.
A nivel estatal, el 3,7% de la superficie regada (116.000 hectáreas) se considera que está en una situación crítica, puesto que -además- ya soporta los efectos del cambio climático, algo que se observa especialmente en la cuenca del Guadiana y otras como las del Júcar o el Duero.
Barea ha instado a empezar a recortar hectáreas de regadío en esas zonas consideradas críticas y priorizar el suministro de agua para las pequeñas explotaciones, capaces de fijar población en los entornos rurales y producir alimentos, en lugar de las grandes.
Ha abogado por acoplar el regadío a la disponibilidad de recursos hídricos y llevar a cabo una transición hidrológica justa porque "no es lo mismo cortar el riego a una pequeña explotación que a una grande", en medio de un proceso "brutal" de concentración de terrenos en pocas manos y el uso intensivo de los recursos naturales.
"Las grandes y medianas empresas también tienen que poner de su parte para cambiar este modelo", puesto que ampliar los regadíos es "una locura y será más insostenible en el futuro", ha afirmado el responsable de Greenpeace, que ha llamado a las administraciones a tomar medidas y criticado muchos de los últimos planes hidrológicos de cuencas por plantear un aumento de la superficie de riego.
Greenpeace ha denunciado que entre 2004 y 2021 los regadíos en España han aumentado en más de medio millón de hectáreas, mientras que en poco más de una década las reservas de aguas superficiales han bajado una media de 10 puntos porcentuales. Un 80% del agua disponible se dedica al sector primario, que dedica el 23% de la superficie agrícola al regadío, sin contabilizar decenas de miles de hectáreas ilegales, en un país que sufre alto riesgo de desertificación y tiene un 44% de aguas subterráneas en mal estado. "Tenemos poca agua y la que tenemos está mal gestionada y en mal estado", ha señalado la directora ejecutiva de Greenpeace, Eva Saldaña.
El miembro de la Mesa Social del Agua de Andalucía y de la fundación Nueva Cultura del Agua, Joan Corominas, ha apuntado que los agricultores son los primeros que sufren los problemas que han ido generando los regadíos, y ha puesto de ejemplo la cuenca del Guadalquivir, donde viven su cuarto año de restricciones y este año solo podrán gastar un 11% de la dotación normal de agua.
Corominas ha lamentado que el incremento del uso del agua no ha derivado en un aumento del bienestar en muchas zonas como el litoral andaluz, y que las pequeñas explotaciones tienen menos resiliencia. Desde Huelva, la pequeña productora de hortalizas y otros cultivos Reyes Tirado se ha quejado de que en su zona se están permitiendo explotaciones como las del aguacate que "usan mucha agua en un entorno con menos agua", ya que cada vez llueve menos por el cambio climático.
