CASTELLÓ. El despido colectivo en el grupo Altadia podrá seguir su cauce legal previsto sin perturbaciones. Los comités de empresa de las seis empresas del conglomerado esmaltero afectadas por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) han dado su visto bueno al preacuerdo alcanzado por el comité negociador con los representantes empresariales la pasada semana, por lo que se podrá dar curso al recorte de plantilla planteado por la enseña.
El preacuerdo, suscrito el pasado lunes, supone el despido de 152 trabajadores, una cifra que se redujo a lo largo de las conversaciones durante el mes de enero, pues el planteamiento inicial de la empresa era de 285 empleados. El ERE afecta a las firmas Esmalglass, Fritta, Ítaca, Younexa, Zircosil y Pigments Spain, si bien para agilizar las conversaciones, se creó una mesa de negociación única para todo el grupo.
Tras el preacuerdo, los comités debían ratificarlo a lo largo de la semana pasada para continuar con el proceso administrativo. Así, según fuentes sindicales y de la compañía, todo fue según lo previsto.
Cabe recordar que el acuerdo mejoraba las indemnizaciones previstas en la ley. Así, de los 20 días por año trabajado hasta 12 mensualidades que fija como mínimo la legislación laboral, el acuerdo las aumenta hasta los 32 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades. Además, se garantiza una indemnización mínima de 8.000 euros independientemente del tiempo trabajado, y una mejora indemnizatoria para los más mayores, con un complemento a los afectados de entre 61 y 64 años.
Además, el pacto también afecta a cualquier despido por causas objetivas que se apruebe a lo largo de este año, que quedará sujeto a las condiciones indemnizatorias pactadas para el ERE. Y se acordaron condiciones para las prejubilaciones, así como un plan de recolocación externa para ayudar a los afectados por el despido colectivo a emplearse en otros sectores, con programas de formación.
El acuerdo sobre el ERE llegó tras una negociación complicada no sólo por el hecho de que afectara a seis empresas diferentes, cada una con realidades diferentes, sino también por las líneas rojas que se marcaron ambas partes. Uno de los puntos de mayor fricción entre ambas partes había sido la inaplicación parcial de la cláusula de garantía salarial del convenio de industria química estatal hasta el punto que fue uno de los motivos principales de que se cerrara el plazo de negociaciones en enero sin alcanzar un acuerdo.
La compañía había propuesto que sólo se aplicara la subida salarial del 10,3% prevista en el convenio y de aplicación a primeros de año a los primeros 30.000 euros de sueldo. El rechazo de las organizaciones sindicales fue frontal ante esta propuesta al no considerar adecuado la vinculación de la negociación del ERE con las condiciones laborales de la plantilla que no se iba a ver afectada por el despido.
Sin embargo, con el avance de las conversaciones, a la postre se acordó aumentar el rasero a los primeros 50.000 euros de salario, de manera que cerca del 95% de la plantilla quedará blindada ante la inaplicación de esta cláusula.
