María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Foto: ÁLEX ZEA (EP)VALÈNCIA. La Comunitat Valenciana está acostumbrada a que se vean frustradas sus expectativas sobre la reforma de la financiación autonómica, pero no por habitual es menos decepcionante. El último revés ha sido el incumplimiento por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del plazo que ella misma se impuso para presentar en noviembre un "esqueleto" sobre el que comenzar a trabajar en la reforma de un modelo que acumula siete años caducado y que relega a los valencianos a la cola de las CCAA en financiación por habitante.
En concreto, la titular de Hacienda se había comprometido en varias ocasiones a poner sobre la mesa en noviembre una propuesta para la redefinición del concepto de población ajustada del actual modelo como punto de partida para trabajar en la reforma. La última vez que lo hizo fue a principios de mes, pero esa propuesta llegará más tarde de lo prometido.
Según reconocen fuentes del Ministerio de Hacienda a Valencia Plaza, el Gobierno "ultima los trabajos técnicos sobre la propuesta de población ajustada para trasladarla a las CCAA en breve". En los últimos días, todas las CCAA han estado pendientes de que se les trasladase esa propuesta ante la insistencia del Ministerio de que llegaría en los plazos marcados por Montero, pero finalmente será "en los próximos días" cuando su departamento traslade la misma a todas las comunidades.
La expectativa sobre el inicio de la reforma surge de la iniciativa aprobada en el Congreso de los Diputados a instancias de Compromís y acordada con PSOE y Unidas Podemos para instar al Ministerio de Hacienda a presentar antes de final de 2021 su propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica. No obstante, ha sido la propia Montero la que posteriormente se había impuesto noviembre como fecha límite.
Aunque el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha reconocido este martes que le gustaría que la propuesta llegase antes de final de mes, ha abogado por "relativizar la situación". "Me consta que, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Ministerio se ha volcado con este tema, pero no sé si lo tendrán antes de las 00.00 horas", ha admitido el responsable de Hacienda.
"Si soy sincero, lo que más me importa es que se cumplan las líneas maestras de las que la ministra ha hablado estas semanas, que sea un sistema sencillo, claro y transparente que tenga la población ajustada como criterio fundamental y que tenga en cuenta la deuda acumulada por los años de infrafinanciación. Si esos son los criterios básicos, me daría por satisfecho", ha proseguido Soler.
En su opinión, aunque posteriormente haya que discutir la letra pequeña, la presentación del esqueleto supone un "paso de gigante" porque implica pasar de un sistema "opaco y complejo" a otro en el que el reparto territorial se va a determinar con un criterio claro como el de la población.
La principal incógnita que debería despejarse con esa propuesta es hasta qué punto satisfará los intereses enfrentados de las diferentes CCAA. Tras haber recabado en los últimos meses la postura de todas ellas, el Ministerio de Hacienda ha constatado diferencias basadas en las particularidades de cada territorio por encima de su color político.
En esa proceso, el Consell ha unido fuerzas con dos presidentes del PP, Juanma Moreno, de Andalucía, y Fernando López Miras, de Murcia, y con el Gobierno de Baleares, presidido por la socialista Francina Armengol, para pedir más equidad en el reparto con una redefinición del concepto de población ajustada y fondos de nivelación para compensar a las CCAA infrafinanciadas con el modelo en vigor.
Enfrente se sitúan las ocho comunidades de distinto signo político que recientemente suscribieron la declaración de Santiago, un documento de 35 puntos sobre la necesidad de modificar el actual modelo con criterios vinculados con el denominado reto demográfico. Esa declaración lleva la firma de Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); Miguel Ángel Revilla (Partido Regionalista de Cantabria); y de los socialistas Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Concha Andreu (La Rioja), Javier Lambán (Aragón) y Adrián Barbón (Asturias).
Por otro lado, según fuentes del Ministerio de Hacienda, la Comunidad de Madrid y Cataluña tienen puntos en común sobre su modelo de financiación, mientras que Canarias reclama que las singularidades del archipiélago queden expresadas de forma clara dentro del nuevo sistema.
