CASTELLÓ. Uno de los proyectos estrella en materia urbanística en la provincia y en la Comunitat Valenciana, Sant Gregori, avanza "al ralentí", tal y como reconocen fuentes de la propia empresa urbanizadora. El motivo es que todavía tiene pendientes diferentes trámites "burocráticos y administrativos" que impiden agilizar las obras de urbanización, que arrancaron hace casi año y medio y que en teoría tenían un plazo de tres años para su materialización.
Entre los procedimientos que están retrasando los trabajos, desde la compañía apuntan, fundamentalmente, a un informe de la Dirección General de Costas de la Generalitat preceptivo para acometer la regeneración del litoral y el paseo marítimo vinculado a él. Un informe "que llevamos esperando desde finales de 2021", cuando desde la urbanizadora remitieron el proyecto, señalan las fuentes.
Desde el consistorio han pedido explicaciones sobre estos retrasos y esperan "que se normalicen y aceleren las obras", pero como no hay plazos marcados de forma expresa en el proyecto de urbanización "no les podemos exigir", señala el concejal de Urbanismo, Bruno Arnandis.
En esta tesitura, y en los frentes judiciales que el proyecto tiene por delante, recientemente ha recibido una buena noticia. Y es que la Fiscalía Provincial de Castellón ha informado desfavorablemente de la posibilidad de pedir la paralización cautelar del cobro de las cuotas de urbanización, tal y como la acusación particular pedía en el caso que instruye el juzgado nº4 de Vila-real.
No es la primera vez que el Ayuntamiento recibe un fallo favorable del juzgado y en este caso vuelve a suponer un nuevo soplo de aire fresco para que la empresa continúe percibiendo las cuotas y, con ellas, acometer las obras de urbanización.
Y todo después de que este diario desvelase a finales del año pasado el nombre de la empresa que el agente urbanizador ha creado para alzar los apartamentos, adosados y viviendas unifamiliares en la zona. Desde el Ayuntamiento reconocen que los promotores quieren hacerse con más suelo y esto cuadra con la posibilidad de que el consistorio burrianense se lo venda, ya que con esos ingresos abonaría los diez millones que le corresponden de cuotas de urbanización.
De hecho, con los alrededor de 60.000 metros cuadrados que podría sacar a subasta, incluso podría recaudar fondos para las arcas municipales, señala Arnandis, ya que al no poder alzar Vivienda de Protección Oficial, el Ayuntamiento no tiene ningún interés en actuar como promotor.
Lo único claro por el momento es que el mayor Programa de Actuación Integrada del litoral de la Comunitat Valenciana todavía no ha cogido velocidad de crucero, al contrario de lo que podría esperarse de un proyecto de esta envergadura.