Justicia adaptará procedimientos legales a personas con diversidad funcional

CASTELLÓ. (EFE). La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha presentado este jueves en la Ciudad de la Justicia de Castellón dos proyectos inclusivos: el programa sentencia en lectura fácil y el servicio de personal facilitador, ambos dirigidos a mejorar la comprensión de los procesos judiciales a personas con discapacidad sensorial o cognitiva.

Los proyectos, que han sido planificados y han iniciado su fase piloto con la colaboración de la asociación Plena Inclusión y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), forman parte de la estrategia que las Naciones Unidas marcó en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2008, suscrita por España.

“Si ya resulta difícil para una personas que no está familiarizada con la terminología jurídica desenvolverse en un proceso judicial, especial atención hay que prestar a las personas que sufren alguna discapacidad cognitiva”, ha afirmado la magistrada castellonense y directora del proyecto de lectura fácil, María Dolores Bellés.

El proyecto lleva desde el pasado mes de abril desarrollándose como experiencia piloto en los juzgados de la capital de La Plana y, según ha adelantado la consellera de Justicia, “en poco tiempo estará implementado en todos los juzgados de la Comunitat”.

Se trata de un servicio mediante el cual la Conselleria de Justicia adaptará hasta 700 procedimientos —entre ellos, las sentencias judiciales— a través de un método de redacción que hace accesible la información judicial a las personas con dificultades de comprensión.

Marián Ferrús, directora de Plena Inclusión, ha explicado que los textos de lectura fácil que desarrolle la Administración de Justicia serán documentos que “clarifiquen y acompañen a la sentencia original, siguiendo unos criterios de calidad y escritura muy estrictos y van a ser validados por personas con discapacidad intelectual”.

La Generalitat, además, se compromete a poner a disposición de la ciudadanía estos textos en un plazo máximo de cinco días a partir de la emisión de la sentencia.

A este respecto, Bravo ha querido añadir que la lectura fácil “debería estar disponible para toda la ciudadanía en general, no solo las personas que padezcan dificultades cognitivas debido a la complejidad del lenguaje jurídico”.

Por el momento, la figura del personal facilitador en los juzgados, reconocida en la Ley 8/2021 del 2 de junio que entra en vigor el próximo mes de septiembre, es un servicio inclusivo que sí estará disponible para cualquier ciudadano, tenga acreditada o no una discapacidad.

El programa piloto de la Generalitat Valenciana se ha desarrollado en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Se trata de grupo interdisciplinar experto en discapacidad intelectual, formado por 7 profesionales del ámbito de la psicología, pedagogía y trabajo social.

Estas personas no solo acompañarán y apoyarán a la persona solicitante en todos los procesos judiciales y en su recorrido por los tribunales, sino que trabajarán como personal de apoyo para todos los operadores jurídicos de forma gratuita.

“Es hora de terminar con el modelo paternalista caduco que sustituye y usurpa la voluntad a las personas con discapacidad, en lugar de garantizar a todo el mundo el derecho a entender y a comprender, y por lo tanto su capacidad de decidir”, ha concluido Bravo, recordando que en la Comunitat Valenciana viven más de 313.000 personas con diversidad funcional.