CASTELLÓ. Podem-EUPV Castelló participó en la última asamblea del Sindicato de Inquilinos celebrada en el Raval Universitari en la que trasladó su respaldo a la denuncia presentada contra los fondos buitre. En la reunión, a la que asistieron una veintena de vecinos de un edificio propiedad de un fondo buitre, participaron la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, la diputada autonómica de Unides Podem, Irene Gómez y la portavoz municipal de Podem, Marisol Barceló.
Vecinos y representantes de la confluencia abordaron el último informe realizado a instancias del Sindicato de Inquilinos y que ha sido respaldado por la Concejalía de Vivienda y que indica que existen indicios de motivación acosadora “con cláusulas incomprensibles” en los nuevos contratos para aumentar precios, impedir prórrogas contractuales automáticas; y además, señala, una supuesta falta de mantenimiento y de reparaciones del inmueble exigidas al propietario.
“Hemos venido a la asamblea para mostrar nuestro respaldo a los vecinos, para que sepan que desde la confluencia y la Concejalía de Vivienda estamos apoyándolos para impedir las prácticas abusivas de los fondos buitre. La acción de estas sociedades de inversión ha provocado la marcha de 60 familias en un inmueble del Raval, ha doblado el precio del alquiler y ha dejado el 60 % de las viviendas vacías. Están especulando a costa de un derecho constitucional como el del acceso a la vivienda. No consentiremos sus abusos y trabajaremos para frenar la expulsión de los vecinos de sus barrios”, afirma la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido.
La regidora añade que “como gobierno al servicio de la gente queremos combatir las prácticas abusivas de los fondos buitre y eliminar mediante sanciones y subidas de impuestos las viviendas vacías en manos de grandes propietarios, y ayudar económicamente y jurídicamente a familias y particulares que tienen una vivienda vacía a que alquilen a precios limitados para aumentar los alquileres asequibles en la ciudad”.
En la reunión se animó a seguir denunciado cualquier práctica que se considere irregular y los presentes trasladaron su confianza en que la Conselleria de Vivienda abra un expediente sancionador, que sería el primero de la Comunitat Valenciana y el segundo de España. La portavoz municipal de Podem, Marisol Barceló, ha subrayado el trabajo de la Generalitat y Ayuntamiento para ampliar este año en 40 viviendas el parque público y la acción de apoyo a los inquilinos. Por su parte, la diputada autonómica de Unides Podem, Irene Gómez, ha resaltado que la nueva Ley de Función Social de la Vivienda de la Generalitat Valenciana contempla la figura de acoso inmobiliario.
Cabe recordar que el Sindicato de Inquilinos presentó en septiembre en la dirección territorial de la Conselleria de Vivienda una denuncia contra supuestos abusos inmobiliarios de fondos buitre de la ciudad. La conselleria solicitó luego más información, que ha sido aportada ahora con un informe solicitado a especialistas.
