José Carlos García de Quevedo, presidente del ICOVALÈNCIA (VP). La Comunitat Valenciana ha registrado ya 98.735 operaciones, que afectan a 61.365 empresas de las tres provincias, por un importe avalado de 8.671,4 millones de euros y una financiación total de 11.248,1 millones con los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La cifra supone un 10,3 % del total de operaciones aprobadas en el conjunto del Estado, según confirman los datos trasladados a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.
Las empresas de la provincia de Valencia lideran la lista de operaciones. En concreto, a 30 de noviembre se han aprobado 47.815 operaciones que afectan a 29.707 empresas, por un importe avalado de 4.233,1 millones de euros (5 % del total) y una financiación estimada en 5.473,4 millones. Le sigue la provincia de Alicante con 39.574 operaciones que afectan a 24.966 empresas. El importe avalado en las comarcas alicantinas asciende a 3.084,4 millones de euros (3,7 % del total) y una financiación de 3.958,1 millones. Por último, en Castellón se han aprobado 11.346 operaciones, que afectan a 6.692 empresas, por un importe avalado de 1.353,8 millones de euros (1,6 % del total) y una financiación de 1.816,7 millones.
En cuanto al sistema de ERTEs, en la Comunitat Valenciana, desde el inicio de la pandemia y hasta el 30 de septiembre, el 83,3 % de los trabajadores afectados por un ERTE se habían incorporado al mercado laboral (llegando a ser 349.634 el 30 de abril). Las nuevas restricciones provocadas por la segunda ola de la covid-19 han hecho que el número de trabajadores en ERTE a 30 de noviembre se sitúe en 46.460 personas, 12.010 menos que a finales de septiembre.
Mientras, en octubre un total de 241.454 personas trabajadoras de la Comunita Valenciana percibieron algún tipo de prestación social por parte del SEPE (ERTE, desempleo, etc.), por un importe total de 246 millones de euros. De ellos, 75.963 eran personas trabajadoras acogidas a un ERTE, lo que suponen un total de 49,7 millones de euros. Desde abril, el gasto acumulado en prestaciones sociales ha supuesto 2.640,2 millones de euros (de los cuales, 971,4 corresponden a ERTES), 1.437,8 millones más que en el mismo periodo del año pasado.
Por lo que respecta a los autónomos, desde el inicio de la crisis y hasta el 30 de septiembre, 187.879 profesionales recibieron algún tipo de prestación. A partir del 1 de octubre han entrado en vigor nuevas modalidades de prestaciones para autónomos: compatibles con la actividad, por cese o limitación temporal de actividad o por bajos ingresos; y 24.994 autónomos valencianos han recibido alguna de estas prestaciones.
A la Comunitat Valenciana le corresponden 30 millones de euros del Fondo Social Extraordinario (10 % del total) para minimizar el impacto social de la pandemia. La autonomía ha dispuesto de 2,3 millones de becas comedor y se ha prorrogado la moratoria para el pago de alquileres hasta el 31 de enero de 2021. También se han extendido los supuestos para beneficiarse del bono social en el suministro eléctrico hasta el 30 de junio de 2021.
Igualmente, la Comunitat Valenciana podrá destinar a gasto sanitario 203 millones de euros de Fondos FEDER (6,4 % del total nacional). Respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), en la Comunitat Valenciana se han tramitado 99.501 expedientes, de los que 20.712 han sido aprobados. Como consecuencia, en diciembre 59.303 residentes en las tres provincias han recibido esta prestación (31.359 adultos y 27.944 menores).
La delegada del Gobierno Gloria Calero ha recordado que la Comunitat Valenciana “ha recibido un total de 1.485,6 millones de euros procedentes del Fondo COVID-19, no reembolsables, siguiendo criterios objetivos y cuantificables relacionados con el impacto de la pandemia”. En concreto, ha detallado la delegada, 712,7 millones corresponden a gasto sanitario (el 7,9 % de los 9.000 del primer y segundo tramo), 214,2 millones a gasto en educación (el 10,7 % de los 2.000 del tercer tramo) y 558,8 millones a la compensación de ingresos por la caída de actividad (el 11,2 % de los 5.000 del cuarto tramo).
En las comarcas de Alicante, desde el inicio de la pandemia y hasta el 30 de septiembre, el 81,2% de los trabajadores afectados por un ERTE se habían incorporado al mercado laboral (llegando a ser 132.883 el 30 de abril). Las nuevas restricciones provocadas por la segunda ola de la covid-19, han hecho que el número de trabajadores en ERTE a 30 de noviembre se sitúe en 22.367 personas, 2.595 menos que a finales de septiembre.
Mientras, en octubre, un total de 109.100 trabajadores alicantinos percibieron algún tipo de prestación social por parte del SEPE (ERTE, desempleo, etc.), por un importe total de 106,8 millones de euros. De ellos, 32.801 eran trabajadores acogidos a un ERTE, lo que suponen un total de 27,7 millones de euros. Desde abril, el gasto acumulado en prestaciones sociales ha supuesto 1.027,6 millones de euros (de los cuales, 385,5 corresponden a ERTES), 593,5 millones más que en el mismo periodo del año pasado.
Por lo que respecta a los autónomos, desde el inicio de la crisis y hasta el 30 de septiembre, 76.262 autónomos recibieron algún tipo de prestación. A partir del 1 de octubre han entrado en vigor nuevas modalidades de prestaciones para autónomos: compatibles con la actividad, por cese o limitación temporal de actividad o por bajos ingresos; 12.367 autónomos alicantinos han recibido alguna de estas prestaciones.
En las comarcas de Castellón, desde el inicio de la pandemia y hasta el 30 de septiembre, el 85,1 % de los trabajadores afectados por un ERTE se habían incorporado al mercado laboral (llegando a ser 35.356 el 30 de abril). Las nuevas restricciones provocadas por la segunda ola de la covid-19, han hecho que el número de trabajadores en ERTE a 30 de noviembre se sitúe en 3.406 personas, 1.864 menos que a finales de septiembre.
Por otra parte, en octubre, un total de 24.246 trabajadores castellonenses percibieron algún tipo de prestación social por parte del SEPE (ERTE, desempleo, etc.), por un importe total de 25,7 millones de euros. De ellos, 6.806 eran trabajadores acogidos a un ERTE, lo que suponen un total de4 ,3millones de euros. Desde abril, el gasto acumulado en prestaciones sociales ha supuesto 286,8 millones de euros (de los cuales, 94,9 corresponden a ERTES), 143,9 millones más que en el mismo periodo del año pasado.
En cuanto al personal autónomo, desde el inicio de la crisis y hasta el 30 de septiembre, 19.386 autónomos de la provincia de Castellón recibieron algún tipo de prestación. A partir del 1 de octubre han entrado en vigor nuevas modalidades de prestaciones para autónomos: compatibles con la actividad, por cese o limitación temporal de actividad o por bajos ingresos; y 1.897 autónomos registrados en municipios de Castellón han recibido alguna de estas prestaciones. Además, en Castellón, se han tramitado 10.188 expedientes del Ingreso Mínimo Vital, de los que 2.053 han sido aprobados. Como consecuencia, en diciembre 6.144 castellonenses han recibido esta prestación (3.160 adultos y 2.984 menores).
En Valencia, desde el inicio de la pandemia y hasta el 30 de septiembre, el 84,4 % de los trabajadores afectados por un ERTE se habían incorporado al mercado laboral (llegando a ser 181.395 el 30 de abril). Las nuevas restricciones provocadas por la segunda ola del coronavirus, han hecho que el número de trabajadores en ERTE a 30 de noviembre se sitúe en 20.687 personas, 7.551 menos que a finales de septiembre.
Por otra parte, en octubre, un total de 108.108 trabajadores valencianos percibieron algún tipo de prestación social por parte del SEPE (ERTE, desempleo, etc.), por un importe total de 113,4 millones de euros. De ellos, 36.356eran trabajadores acogidos a un ERTE, lo que suponen un total de 17,6 millones de euros. Desde abril, el gasto acumulado en prestaciones sociales ha supuesto 1.325,9 millones de euros (de los cuales, 491 corresponden a ERTES), 700,5 millones más que en el mismo periodo del año pasado.
En cuanto a los autónomos, desde el inicio de la crisis y hasta el 30 de septiembre, 92.231 autónomos recibieron algún tipo de prestación. A partir del 1 de octubre han entrado en vigor nuevas modalidades de prestaciones para autónomos: compatibles con la actividad, por cese o limitación temporal de actividad o por bajos ingresos; 10.730 autónomos valencianos han recibido alguna de estas prestaciones. Además, en la provincia de Valencia se han tramitado 50.583 expedientes del Ingreso Mínimo Vital, de los que 11.222 han sido aprobados. Como consecuencia, en diciembre 30.061 valencianos han recibido esta prestación (16.512 adultos y 13.549 menores).
