Los libros de temática LGTBIQ+CASTELLÓ (EP). La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo que archivó el caso contra el Ayuntamiento de Castelló por el reparto de 32 libros de ideología LGTBI en once institutos públicos de la capital de La Plana y en el Centro Pi Gros.
El 14 de octubre de 2021, Abogados Cristianos interpuso un recurso contencioso-administrativo, que dio lugar a la apertura del Procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales de la persona. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Castellón desestimó el recurso mediante una sentencia, frente a la que la Asociación recurrió en apelación, el cual fue igualmente desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Frente a la Sentencia del TSJCV, Abogados Cristianos interpuso recurso de casación por considerar que existía interés casacional objetivo y que la citada resolución vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual según alega la Asociación, le produjo indefensión. Igualmente, esta parte alegó vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa.
El recurso de casación fue inadmitido por una providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. En los fundamentos de derecho del recurso ante el TC, Abogados Cristianos mantiene que en el asunto concurre especial trascendencia constitucional.
Así, sostiene que la vulneración de los derechos fundamentales proviene de la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, la cual, en algunos de sus preceptos, es, a juicio de la Asociación recurrente, "manifiestamente inconstitucional"
La ley 8/2017, según alega Abogados Cristianos, atribuye a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana competencias en materia educativa, por lo que da cobertura legal para que un ayuntamiento se auto-atribuya competencias educativas para imponer la ideología de género o ideología LGTBI, "sin mencionar los derechos fundamentales que se estarían vulnerando -derecho a la libertad religiosa y derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones- y que sólo podrían ser desarrollados por Ley Orgánica".
Así mismo, la Asociación considera que los libros que distribuyó el Ayuntamiento de Castelló entre los centros educativos constituyen un material "moralmente controvertido", y añade en su recurso ante el TC que la distribución de los libros "no sólo vulneró el derecho de los padres del artículo 27.3 CE, sino el núcleo de las libertades del artículo 16 CE, al imponer al alumnado la adhesión a una ideología estatalmente impuesta".
Además, Abogados Cristianos cree que con la distribución de los libros entre los centros educativos y su puesta a disposición de los alumnos se vulneró la libertad religiosa e ideológica de los menores, sus padres y los profesores, al presentar los mismos "un contenido ideológico evidente, adoctrinador y contrario, no a cualquier religión, sino, de forma innegable y francamente discriminatoria, a la religión católica y, en menor medida, a la islámica, la evangélica y la judía".
"El daño de todo tipo -moral, de ridiculización o de exclusión- que la lectura de estos libros puede causar a los profesores y a los menores en periodo de formación puede ser enorme y puede ser además irreversible, lo que justifica sobradamente que sus religiones, creencias e ideas deban protegerse desde el mismo texto constitucional", añade Abogados Cristianos en su recurso.
La Asociación suplica al TC que admita el recurso y dicte sentencia por la que otorgue el amparo solicitado y, tras los trámites oportunos, declare la nulidad de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y de la del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Castellón.
La presidenta de la organización de juristas, Polonia Castellanos, ha asegurado que, si es necesario, llevarán este caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. "Si los jueces españoles no se atreven a condenar a los responsables del reparto de estos libros entre menores, es probable que en Europa les escandalice que se entreguen a niños de once años libros donde se habla de chemsex, orgías en cuartos oscuros y se ataca al cristianismo y al islam", ha concluido.
