CASTELLÓ. Los propietarios de la planta superior del edificio de Correos de Borriana podrán comercializar las dos viviendas, en desuso desde hace décadas. El Ayuntamiento ha aprobado la modificación puntual 2 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la localidad, que avala la explotación inmobiliaria de la segunda planta del inmueble de la calle Major.
Lo más probable es que esas dos viviendas sean alquiladas ya que precisamente ésa es la actividad económica de la mercantil Compañía de Estacionamiento La Plana, propietaria de los pisos desde marzo de 2005. En esa fecha, la empresa inmobiliaria con sede en Borriana compró toda la segunda planta del edificio de Correos, de 225 metros cuadrados, por 199.682 euros al particular a quien Correos había vendido la propiedad apenas dos meses antes.
Con anterioridad a aprobar ese cambio urbanístico de administrativo-institucional a residencial, el consistorio que presidía la socialista Maria Josep Safont estudió la posibilidad de negociar la compra de esas dos viviendas para dedicarlas a dependencias administrativas del Ayuntamiento, pero se descartó por su mala accesibilidad al carecer de ascensor.
El edificio de Correos fue construido en el año 1940. Durante tres décadas, la segunda planta fue la vivienda familiar del cartero de Borriana. Posteriormente, quedó en desuso hasta que Correos la vendió a un particular en enero de 2005. Actualmente, la planta baja alberga las oficinas de atención al cliente y en la primera planta se desarrollan todas las tareas administrativas.
Éste no es el único cambio urbanístico relacionado con el centro histórico de Borriana. El Ayuntamiento también ha aprobado la modificación 46 del planeamiento, que elimina la obligatoriedad de que las cubiertas de los nuevos edificios que se construyan en una parte del casco antiguo sean inclinadas en los tres primeros metros recayentes a la fachada. De esta manera, el consistorio unifica la normativa de edificación en todo el centro histórico y simplifica los requisitos arquitectónicos para alzar nuevos edificios.
No sólo la iniciativa privada pretende explotar el mercado de arrendamiento de viviendas en Borriana. La Generalitat también trabaja para adjudicar en los próximos meses las 20 viviendas en alquiler que compró hace casi un año a la Sareb (banco malo) por casi 1,8 millones de euros.
En este caso no hay un objetivo de lucro económico sino de integración social. La Conselleria de Vivienda, que estaba en manos de Héctor Illueca hasta el reciente cambio de gobierno, inició en mayo el proceso de selección de los inquilinos, por lo que será el nuevo ejecutivo autonómico que encabeza el popular Carlos Mazón quien culmine el proceso.
De esas 20 viviendas en liza, el Consell prevé adjudicar ocho a jóvenes, dos a familias monoparentales, dos más a personas mayores con bajos ingresos, otras dos a personas discapacitadas, dos a mujeres víctimas de la violencia machista mientras las cuatro restantes las entregará el Ayuntamiento, ahora en manos del también popular Jorge Monferrer.
Las viviendas, situadas en la calle Moncofa y en la avenida Llombai, forman parte de un edificio residencial que se construyó en 2009 pero no llegó a comercializarse por el estallido de la burbuja inmobiliaria. El Consell pretende darles salida ahora a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo para dar una oportunidad a algunos de los colectivos sociales más vulnerables.
